Elementos de la policía municipal detuvieron a Porfirio Bueyes Santana, ex agente ministerial y prófugo de la justicia, presuntamente involucrado con la banda Del Apa y la Lore, quien en 2008 secuestró y asesinó a Fernando Martí, hijo del empresario deportivo Alejandro Martí.
Los hechos ocurrieron cuando elementos de vialidad municipal, a la altura de la carretera federal Huejotzingo-Puebla en la Junta Auxiliar de San Cristóbal, detuvieron una camioneta Ford Explorer 2003 color blanca con placas de circulación MJC-3658 del Estado de México con vidrios polarizados, estrobos y una sirena.
Al realizar la revisión, Bueyes Santana se identificó como Luis Anguio Sánchez con una credencial de la Procuraduría General de la República (PGR), con el cargo de asesor adjunto de Asuntos Especiales y con vigencia de 2015, sin embargo, los elementos dudaron de la autenticidad de la identificación y decidieron revisar en la línea de Plataforma México y ante la propia PGR.
Al hacer la revisión correspondiente se dieron cuenta de que se trataba de un prófugo de la justicia que cuenta con al menos cinco órdenes de aprehensión.
Primero, Bueyes Santana presentó una actitud prepotente con los uniformados, sin embargo, minutos después ofreció una fuerte cantidad de dinero para que lo dejaran libre, sin embargo, los elementos siguieron los protocolos de seguridad y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.
Ahora, Bueyes Santana enfrenta además los delitos de usurpación de funciones y uso de documentación falsa.
Alejandro Martí, padre de la víctima, celebró el suceso en su cuenta de Twitter y proporcionó detalles de la detención, así como fotografías.
El caso de plagio y asesinato tuvo lugar en junio de 2008, cuando en un retén de supuestos agentes federales se detuvo a Fernando Martí, quien circulaba en una camioneta BMW rumbo a la secundaria.
Casi dos meses más tarde (53 días) el cuerpo del joven fue encontrado en la cajuela de un auto a pesar de que su familia pagó 6 millones de pesos por su rescate.
El caso se convirtió en un escándalo cuando las investigaciones revelaron la participación de autoridades de la Policía Federal Preventiva y de la Procuraduría General de Justicia del gobierno federal.
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