PVEM analiza sanción a militantes por caso Tajamar

El Partido Verde Ecologista (PVEM) ofreció este viernes a ciudadanos de Cancún solicitar la cancelación del desarrollo “Malecón Tajamar”; interponer denuncias penales en contra de funcionarios del más alto nivel, vinculados con el proyecto e, incluso, someter a consideración la expulsión de militantes del Verde, que dirigen la Semarnat y la Profepa, de comprobarse algún acto ilegal o alguna omisión.

En medio de gritos y reclamos de activistas y ciudadanos que exigen la destitución del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Belchez y de su delegada en Quintana Roo, Carolina García Cañón –militantes del PVEM-, el vocero del partido, Carlos Puente Salas, informó que están dispuestos a proceder en contra de cualquier autoridad o funcionario que resulte responsable del ecocidio en “Malecón Tajamar”.

“Si el Poder Judicial determina que hubo responsabilidad por alguien del partido claro que habrá sanciones al interior de nuestro instituto. Son muchas (las sanciones posibles), hasta la expulsión del partido (…) Aquellos militantes del partido que hayan tenido una responsabilidad, nosotros procederemos de manera interna en la Comisión Nacional de Procedimientos Internos”.

“Se presentará una denuncia penal y otra basada en la Ley de Responsabilidad Ambiental; ellos (no especificó quiénes) han afectado incluso un derecho constitucional, que es el derecho al medioambiente”, garantizó.

Se comprometió frente a la gente a interponer una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, en la Procuraduría General de la República (PGR), por el daño ocasionado a los manglares –especie protegida y cuya afectación constituye un delito penal- y a los animales, entre los cuales había especies protegidas por la Norma Mexicana 059.

Adelantó que será presentado un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, para llamar a cuentas a los funcionarios ambientales, incluido el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Héctor Gómez Barraza y dijo que promoverán como legisladores la cancelación definitiva de la autorización para el desarrollo del polígono.

El también senador estuvo acompañado por los diputados verdecologistas, Jesús Sesma Suárez y Remberto Estrada Barba, así como el síndico del ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brahams y la regidora Tyara Scheleske de Ariño, en frustrado intento de “clausura simbólica” del polígono, devastado por instrucción del Fonatur, como desarrollador y titular de la autorización de impacto ambiental expedida por la Semarnat.

Los legisladores federales insistieron en que como Partido, promovieron e impulsaron la reforma a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) para anexar un artículo 60 TER que prohíbe toda obra o actividad que dañe el flujo hidrológico de los manglares, lo que reforzó la protección de los humedales mexicanos.

Pese a las presiones y amagues de la clase empresarial y del entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto –actual senador- quien sacó un desplegado para pedir al presidente de la República, Felipe Calderón, que vetara la reforma, el mandatario federal ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de febrero del 2007, fecha en que entró en vigor la protección a dicho ecosistema.

Puente, Sesma y Estrada, coincidieron en que la postura del PVEM es que se cancele la construcción en “Malecón Tajamar”. La gente les pidió que legislen para que las 78.4 hectáreas que abarca el polígono, sean expropiadas a favor de la nación, para impedir que posteriormente otro gobierno promueva su desarrollo.

“Vamos a pedir que no se haga ninguna obra y que realmente haya una responsabilidad. Estamos dispuestos a dar la cara para salvar a los manglares”, sostuvo Sesma Suárez, quien agregó que también pedirán que se aplique la Ley de Responsabilidad Ambiental, incluso, a los militantes de Partido Verde dentro de la Semarnat y la Profepa, si se comprueba una actuación ilegal u omisión.