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Chilpancingo .— Tras dar a conocer su informe en el que califican a Guerrero como “un estado violento”, la Open Society Justice Initiative (Iniciativa de Justicia de la Fundación para una Sociedad Abierta) y organizaciones no gubernamentales mexicanas confiaron en que el próximo gobierno atienda las recomendaciones hechas en materia de derechos humanos e impartición de justicia.
James A. Goldson, presidente de la organización internacional, consideró que tanto el nuevo Congreso local como el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, deben trabajar para revertir las cifras que laceran a la entidad: un estado con 19 mil 434 homicidios reportados entre 2005 y 2014 ante la autoridad a cargo de la investigación y persecución del delito, cifras que, dijo, resultan sorprendentes para una entidad con una población de sólo 3.4 millones de habitantes.
Durante la presentación a los medios del documento Justicia fallida en el estado de Guerrero, a sólo 24 días del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Goldson dijo a nombre de la agrupación que Guerrero debe trabajar en coordinación con la Federación en el tema de las fosas comunes y clandestinas no investigadas.
Además, se deben revisar los vínculos de las policías municipales con el crimen organizado; atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2005 ha hecho seis para Guerrero; reestructurar sus cuerpos policiacos, que con el caso Ayotzinapa quedó al descubierto que están coludidos con el crimen organizado.
Trabajo coordinado. Goldson consideró que luego de investigar el tema de derechos humanos y su cumplimiento en el estado, concluyeron que es necesario que se cree el cargo de fiscal adjunto independiente estatal, porque los expertos observaron que no hay libertad del Tribunal Superior de Justicia y que sólo se alcanza la justicia en 1% de los casos.
Es necesario que se investiguen los casos de abusos y atrocidades contra los derechos humanos, establecer equipos integrados y multidisciplinarios de fiscales, investigadores y trabajadores sociales para investigar desapariciones, así como llevar a cabo indagatorias relacionadas.
La organización internacional explica que “Justice Initiative realizó el informe en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y pretenden que con su investigación el gobierno que encabezará a partir del 27 de octubre el priísta Héctor Astudillo vea como oportunidad las observaciones, para reconocer la magnitud y naturaleza de la crisis, evaluar fracasos pasados e implementar medidas firmes para la investigación y sanción de homicidios, desapariciones forzadas y torturas”.
En el informe, la organización dijo que a pesar de que la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero documentó 90 casos de desaparición forzada entre 1990 y 2014 —dos tercios de los cuales después de 2006— y de que la procuraduría estatal investigó 44 casos adicionales, “nunca se han presentado cargos contra persona alguna por este delito”.
