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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León y a Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, por las violaciones a los derechos humanos a la libertad de un interno que permaneció en prisión durante dos años, nueve meses y 19 días más del tiempo que legalmente tenía que compurgar.
Autoridades del Centro Preventivo de Reinserción Social “Topo Chico”, en Monterrey, Nuevo León, donde estuvo interno primero, y las del Centro de Readaptación Social de Seguridad Máxima “Laguna del Toro” del Complejo
Penitenciario “Islas Marías”, adonde fue trasladado posteriormente, no cumplieron con la función de mantener actualizado el expediente jurídico con las penas impuestas por las autoridades judiciales competentes en las dos causas penales que se le seguían.
Por ello, la CNDH pidió al gobernador de Nuevo León y al Comisionado Nacional de Seguridad reparar el daño ocasionado a la víctima, en términos de la Ley de Víctimas correspondiente.
También solicitó su colaboración en la queja que presente ante el Órgano Interno de Control de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de Nuevo León y ante el Órgano Interno de Control del Órgano
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, para que se determinen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.
Además, pidió que participen en las investigaciones derivadas de las denuncias de hechos que presente la CNDH ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la Procuraduría General de la República, para que se investiguen las responsabilidades penales procedentes.
Ambas autoridades deberán adoptar medidas para mantener constante comunicación entre ellas y vigilar que el compurgamiento de las sanciones privativas de libertad de internos del fuero federal se aplique de manera estricta, para evitar violaciones a derechos humanos.
Al gobernador de Nuevo León también se le pidió instruir la creación de un registro o sistema integral de información, que permita conocer en forma precisa la situación jurídica de las personas del fuero federal internas en los centros de reclusión de esa entidad.
Al Comisionado Nacional de Seguridad, girar sus instrucciones para que se capacite y actualice en materia de derechos humanos, derecho penitenciario y disciplinas afines a éstas a los servidores públicos de Prevención y
Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, particularmente a quienes vigilan la ejecución de sentencias dictadas a los internos por las autoridades judiciales, para que su actuación se desarrolle con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.
El organismo federal recordó que el pasado 28 de febrero de 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León remitió a este Organismo nacional una queja formulada en nombre de la víctima y un escrito del entonces interno en las “Islas Marías”.
De las constancias recabadas, la CNDH acreditó que las autoridades de ambos penales no analizaron la situación jurídica del interno, con el fin de percatarse que las sanciones que le fueron impuestas ya estaban compurgadas, por lo que permaneció en prisión más tiempo del que legalmente le correspondía.
cfe
