PGJE, incapaz de investigar Tanhuato

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Morelia.— La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) se declaró incompetente para continuar con las investigaciones en el caso Tanhuato, por lo que pasará la estafeta a la PGR, informaron funcionarios de la dependencia.

Una vez concluidos los peritajes de los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el Rancho del Sol, en el que murieron 42 civiles a manos de la Policía Federal, así como un oficial, las fuentes consultadas dijeron a EL UNIVERSAL que lo único que esperaban era concluir con los peritajes, así como la identificación y entrega de los cuerpos para remitir el expediente del caso a la PGR.

A pesar de que todavía queda un cuerpo sin reclamar y que no ha sido identificado, para la Fiscalía estatal, ya concluyó su labor en la integración de la carpeta de investigación.

Los 42 civiles —presuntamente armados— que murieron al interior del predio, han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y DF.

Al menos 39 de los muertos eran de Ocotlán, Jalisco, uno de Tala y otros dos de Michoacán, de los cuales, Antonio Gutiérrez Quiroz, de 46 años y nacido en Uruapan, tenía unas semanas de haber abandonado el penal de Ario de Rosales, luego de purgar una condena de 15 años por secuestro.

Antecedentes. La PGJE detalló que César Vicente, de Ocotlán, estuvo recluido en el penal de Puente Grande Jalisco por acopio de armas; Héctor de Jesús Arana, de 19 años, estuvo en el tutelar de menores en Guadalajara por robo con violencia; y José Manuel Aguilar fue detenido meses antes por delitos del fuero federal y encarcelado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos murieron en el Rancho del Sol.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo en la autopista de Occidente México-Guadalajara, entre los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.

En una primera instancia, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, señaló que, en el marco de la Operación Jalisco y en seguimiento a una averiguación previa iniciada por el presunto despojó de una propiedad en Tanhuato, elementos de la Sedena, de la PGR y la Policía Federal, implementaron un operativo de investigación.

En ese sentido, Rubido García informó que, al aproximarse al predio, los elementos detectaron un vehículo en el que viajaban personas armadas, “quienes al percatarse de la presencia de elementos federales empezaron a disparar”.

“Al advertir la presencia, el resto de los presuntos delincuentes comenzaron a atacar con intensidad a nuestros compañeros. Ante esta situación, los elementos solicitaron la presencia de apoyo terrestre y aéreo, por lo que acudió un helicóptero de la Policía Federal a la zona”, añadió.

Esta versión ha sido contradicha por abogados y familiares de los fallecidos, quienes reconocieron que varios de los ejecutados a tiros trabajaban directa o indirectamente para el crimen organizado, pero denunciaron que hubo excesos en el uso de la fuerza pública.

Ante lo ocurrido, Rubido García reiteró, en todo momento, que sería la Procuraduría de Michoacán la encargada de realizar las investigaciones y, en su caso, la consignación de las tres sobrevivientes. Sin embargo, a casi dos meses y medio de los hechos, la PGJE de Michoacán desistió de continuar con la averiguación previa y se declaró incompetente para dar seguimiento a las pesquisas.