Anuncian nueva etapa en defensa del territorio wixárika

Las comunidades del pueblo wixárika exigen que se detengan los proyectos mineros, turísticos y de infraestructura en sus terrirotios
10/08/2015
22:07
Raúl Torres / Corresponsal
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Las comunidades que conforman el pueblo wixárika, asentado en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, anunciaron una nueva etapa de coordinación y fortalecimiento en la defensa de su territorio y sus lugares sagrados, por lo que exigen que se detengan los proyectos mineros, turísticos y de infraestructura que se planean en sitios como Chapala, en Jalisco; San Blás, en Nayarit; o Real de Catorce, en San Luis Potosí.

La mañana de este lunes, representantes de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wauta), Tuxpan (Kuruxi Manuwe), Santa Catarina (Tuapurie), San Andrés Cohamiata (Tatei Kie), Bancos de San Hipólito (Uweni Muyewe) y Guadalupe Ocotán (Xatsitsarie), demandaron al Estado mexicano su reconocimiento como pueblo indígena sujeto de derechos y exigieron que en ese reconocimiento se incluya su territorio sagrado para brindarle protección.

Ubaldo Valdéz Castañeda, secretario de Bienes Comunales de Bancos de San Hipólito, indicó que hay sitios sagrados, como en el municipio de Ruiz, Nayarit –donde se pretende construir la presa Las Cruces, sobre el río San Pedro– en que el gobierno ha anunciado expropiaciones, lo que es ofensivo para ellos.

“Perdonen la comparación, pero es como si de pronto el gobierno dijera que va a expropiar el sitio donde está la Basílica de Guadalupe o la catedral de Guadalajara”, señaló para dimensionar lo que implican estas decisiones.

Indicó que los principales riesgos a sus sitios sagrados están en Huaxa Manaka, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango; Xapawiyemeta, en Chapala, Jalisco; Teekata, en el corazón de la sierra wixárika, en Jalisco; Haramara, en San Blas, Nayarit; y Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí.

Sobre este último, considerado por este pueblo indígena como el lugar en el que nació el universo, exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras entregadas por el Estado en las 140 mil 211 hectáreas que comprenden el Área Natural Protegida y su zona de influencia.

Como un sólo frente, integrado en el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, estas comunidades pidieron respeto hacia sus formas de organización y toma de decisiones, es decir, hacia su libre determinación y autonomía.

 

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