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Cuatro militares mexicanos serán enjuiciados en audiencias públicas por el señalamiento de su presunta responsabilidad en la desaparición forzada y posterior asesinato de siete personas el 7 de julio.
El inicio del juicio oral en contra de los elementos del 97 Batallón de Infantería, asentado en el municipio zacatecano de Guadalupe, fue acordado por un juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en esa entidad tras analizar las pruebas que presentó el Ministerio Público federal.
De acuerdo con la resolución, se vincula a proceso a los efectivos castrenses identificados como Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada de personas e ilícitos contra la administración de justicia.
Esos delitos incluyen las agravantes de que actuaron en su calidad de servidores y con ventaja en contra de los siete presuntos jornaleros que aparecieron muertos tras ser detenidos por los soldados de Infantería en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.
El auto de vinculación a proceso marca el inicio de un juicio en el que tanto las autoridades como la defensa de los imputados, deben presentar las pruebas existentes, a favor y en contra de éstos, las cuales deberán ser valoradas por un juez de control en una audiencia intermedia para definir si son válidas o no en el que será el primer juicio oral acusatorio en contra de efectivos castrenses.
De acuerdo con el artículo 167, del Código de Procedimientos Penales, la acusación de homicidio calificado obliga a que los imputados permanezcan privados de su libertad hasta que concluya el juicio penal en su contra, por lo que no tienen derecho a la libertad bajo fianza y continuarán en prisión preventiva hasta que haya una sentencia definitiva en este caso.
La resolución del juzgador especializado en el nuevo sistema penal acusatorio señala que el juicio oral en contra de los cuatro militares no debe exceder un plazo máximo de un año, excepto si los propios representantes legales de los imputados solicitan extender este periodo para ejercer su derecho a una defensa adecuada.
De acuerdo con el testimonio de familiares de los desaparecidos, los militares presuntamente entraron a un domicilio en la comunidad de Calera, municipio de Guadalupe, de donde sacaron a los siete jóvenes.
En un inicio, padres de las víctimas señalaron que se trataba de un grupo de jornaleros, pero después dijeron que eran desempleados y que trabajaban en lo que se pudiera.
El 16 de julio aparecieron cuatro cuerpos en la comunidad La Tesorera, municipio de Jerez, y el sábado se reportó que habían hallado otros tres cadáveres en la misma zona. Se realizaron pruebas genéticas, con las que se confirmó que eran los desaparecidos.
El domingo 19, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que admitió los posibles indicios de personal militar en la desaparición de las siete personas, por lo que informó que la Procuraduría General de Justicia Militar investigaría el caso.
Señaló que el desglose de la investagación sería remitida a la Procuraduría General de la República (PGR), donde se inició la denuncia por parte de los familiares, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas coadyuva con la indagatoria.
