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Organizaciones civiles dedicadas a velar por los derechos sexuales y reproductivos en Quintana Roo, buscan promover una propuesta para modificar la Constitución estatal, que en 2009 declaró que el derecho a la vida inicia desde la concepción, al considerar que se criminaliza la interrupción del embarazo y se atenta contra los derechos humanos de las mujeres.
La llamada “Ley Piña”, impulsada por la entonces diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Fernández Piña, actual secretaria de Turismo del estado (Sedetur), buscaba añadir un primer párrafo al artículo 13 de la Constitución del estado, para reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que, desde el momento de la concepción, entra bajo el cobijo legal, reconociéndole como sujeto de derechos.
La modificación constitucional fue aprobada en 2009, sin que existiera ningún tipo de foro o consulta con expertos y expertas en el tema, lo cual fue condenado por diversas organizaciones civiles locales y nacionales.
En el estado, el Código Penal contempla causales para permitir el aborto, entre ellos, cuando el embarazo sea fruto de una violación, cuando a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que “el producto” padece de alteraciones genéticas o congénitas o cuando ponga en peligro la vida de la madre.
A seis años de aquello, organizaciones como la Red Positiva de Quintana Roo, buscan volver a poner el tema en la mesa de discusión y generar una propuesta legislativa para modificar el artículo 13 constitucional, a la luz de la entrada en vigor de los cambios en materia de Derechos Humanos que sufrió la Constitución Mexicana, explicó el presidente de dicha agrupación, Roberto Guzmán.
Para generar los insumos y el diagnóstico que ilustre la situación real que viven las adolescentes, jóvenes y mujeres adultas en edad reproductiva, en materia de derechos sexuales, se aplicará una encuesta en los 10 municipios del estado, como parte de un proyecto para el cual la organización obtuvo recursos de Planned Parenthood, agrupación con 100 años de experiencia en esa temática.
El proyecto, titulado “Fortaleciendo las alianzas para mejorar la salud sexual y reproductiva de las Mujeres de Quintana Roo 2015.2016”, tiene como objetivo generar ese diagnóstico, capacitar a adolescentes y jóvenes en uso efectivo de anticonceptivos, llevar a las primarias la educación sexual, pero también el de incidir políticamente para la modificación del artículo 13 constitucional y generar el acceso a servicios para la interrupción segura del embarazo, reconoció el activista.
Silvia Chuc, joven que funge como facilitadora del proyecto, indicó que existen datos a nivel nacional, que colocan a Quintana Roo como una de las entidades con mayor número de embarazos tempranos, lo que constituye un problema de salud pública.
En contraste, junto con Baja California Sur, el estado carece de datos sobre el número de mujeres que han abortado, dijo.
A nivel local, la información que dijeron poseer, revela que el inicio sexual de los adolescentes se da entre los 12 y 14 años, pero el uso de anticonceptivos comienza a partir de los 16 años.
El proyecto es a cuatro años, pero su primera etapa se dedicará a la elaboración del diagnóstico.
La cantidad aportada por Planned Parenthood fue de 33 mil dólares o 495 mil pesos, según el tipo de cambio, para el periodo 2015-2016, detalló Marco Gámez, coordinador del proyecto, quien añadió que se busca también generar alianzas con otras organizaciones que ven estos temas, las cuales participarán mañana en un foro a efectuarse en Cancún.
