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Tras sostener varias reuniones con políticos priístas dueños de taxis –como el diputado local Martín López Cedillo– y con dirigentes gremiales con fuertes intereses en este sector –como Rafael Yerena Zambrano, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco– el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, decidió iniciar operativos contra los vehículos que prestan servicio a través de plataformas como Uber, City Drive o Easy Taxi.
El mandatario justificó los operativos asegurando que este tipo de servicios no está regulado y por ello debe haber sanciones; así, hasta el momento se reportaban 12 vehículos de Uber retenidos tras las acciones que inició la autoridad en sitios como la central camionera, el aeropuerto y otros puntos de concurridos de la ciudad.
Según el gobernador, estos operativos tienen como objetivo defender los derechos de los ciudadanos y los usuarios, pero sobre todo “generar condiciones de diálogo para resolver el conflicto en el corto plazo”.
A la par del inicio de los operativos, algunos taxistas comenzaron a interferir con el trabajo de los choferes de Uber e incluso hubo reportes en redes sociales sobre agresiones a particulares que fueron confundidos con conductores de servicio privado en la central camionera.
El jueves por la tarde los taxistas intentaron bloquear la salida de los vehículos de Uber del Aeropuerto de Guadalajara e incluso se registraron enfrentamientos verbales; ante esta situación, 34 conductores de Uber presentaron denuncias ante la Fiscalía de Jalisco por amenazas y los administradores de la plataforma ofrecieron asesoría legal para sus socios-conductores que sean amedrentados u agredidos por taxistas.
También, ante los operativos iniciados por la Secretaría de Movilidad, los choferes de Uber han tomado algunas medidas para que las autoridades no les quiten los vehículos, como sólo mostrar los documentos sin entregarlos a los oficiales de Tránsito.
El conflicto entre taxistas y Uber también ha afectado el trabajo de los conductores de la plataforma digital, pues ante la hostilidad de los taxistas y el acoso de las autoridades han evitado acercarse a algunas plazas comerciales o a la central camionera.
La mañana de este viernes, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, matizó la postura del gobierno del estado y dijo que no hay ninguna cacería en contra de Uber, sino que los operativos buscan que sus conductores no hagan base, algo que sólo se permite a los taxistas.
Indicó que se actuará “con mano fuerte” ante cualquier agresión de taxistas a conductores de Uber o viceversa, pues la prioridad del gobierno es salvaguardar los derechos y la seguridad de los ciudadanos; el funcionario estatal adelantó que la próxima semana se presentará una estrategia para resolver el conflicto.
En tanto, el secretario del Trabajo, Héctor Pizano Ramos, señaló que la dependencia a su cargo también revisará el tema para supervisar la relación laboral entre Uber y sus socios-conductores.
ahd
