Más Información
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) ha erogado 18.3 millones de pesos en efectivo al perder al menos 80 juicios civiles, iniciados por ex trabajadores de esta dependencia, por presuntos “errores” de la pasada administración, encabezada por el priísta Andrés Granier, quien fue encarcelado en 2013, acusado de diversos actos de corrupción.
De acuerdo con datos obtenidos por EL UNIVERSAL en el gobierno del estado, en 2013, 2014 y lo que va de 2015 se han interpuesto más de 160 demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En al menos 80 casos, los juzgados dictaron sentencia, con costo para el erario tabasqueño de 18 millones 300 mil pesos, cantidad a la que se le deben aumentar las deducciones retenidas ante Hacienda y las de seguridad social, lo que da un total de 20 millones 313 mil pesos.
Según la información, la lista de juicios civiles, contenciosos administrativos y laborales contra la FGE son herencia de la administración de Andrés Granier Melo.
Ante ello, el actual gobierno, a cargo de Arturo Núñez, ha tenido que realizar diligencias, pagar finiquitos y cubrir los montos establecidos en las resoluciones y fallos condenatorios.
Los conflictos y juicios involucran quejas de policías, ministerios públicos, peritos y servidores de diversas categorías en la dependencia.
Entre los casos destaca el de los custodios del penal de Villahermosa, Álvaro Méndez, Romeo Martínez, Arnulfo Pérez y Sergio Broca, quienes acusaron ser víctimas de tortura cuando fueron detenidos.
La demanda fue por daño moral, así como daños y perjuicios, cuyo fallo a favor de los quejosos incluyó el pago de 3 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente, en 2010 a los custodios se les acusó de tráfico de drogas y delincuencia organizada, por lo que fueron arraigados por 34 días, lapso en el que, denunciaron, los torturaron. Un juez penal les dictó auto de total libertad por falta pruebas.
En un segundo expediente —resuelto y pagado en 2015— Fidel “N”, agente del Ministerio Público y funcionario del operativo Limpiemos México, fue acusado de evasión de preso, al negarse a aprehender a una persona que portaba material bélico. Mientras estaba detenido, le iniciaron un procedimiento administrativo por abandono de trabajo.
Su argumento para negarse fue por “no haber tenido a la vista de manera directa o personal ni haber cateado” a la persona retenida. Fue liberado por falta de pruebas; solicitó su reinstalación, la cual le negaron, por lo que inició una demanda que se resolvió con un pago superior a millón y medio de pesos a su favor.
En el caso promovido por Alberto “N”, otro agente del Ministerio Público, el fallo fue por 273 mil 316 pesos, para el pago del periodo del 1 de abril al 27 de febrero de 2015. El servidor público fue encarcelado y removido de su cargo en 2008, acusado de delincuencia organizada, pero ganó un amparo que lo puso en libertad y demandó a la fiscalía y a funcionarios de la administración de Granier. Redacción
