No se trata de la tarifa cero

La principal tesis del libro best-seller Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza (Crítica, 2013; versión original en inglés del 2012) de Daron Acemoglu y James A. Robinson es que las instituciones políticas y económicas de un país son el principal determinante de su éxito económico. Cuál no sería mi sorpresa al ver que el primer capítulo – sí, el primero – describe las economías de Nogales, Arizona y Nogales, México. Concluye diciendo: “Los habitantes de Nogales, Sonora no tienen tanta suerte. Viven en un mundo diferente conformado por diferentes instituciones… Los incentivos generados por las diferentes instituciones … son la principal razón que explica las diferencias en prosperidad en los dos lados de la frontera.”

A pesar de que estoy totalmente convencido de que México no es un “país fracasado”, el que nuestro país sea utilizado como el primer ejemplo para defender una tesis de tal magnitud da mucho material para una reflexión profunda sobre el tema. Si a la conclusión del libro nos remitimos, creo que efectivamente México ha sido un país que ha tenido mucha dificultad, a lo largo de su historia, de construir instituciones sólidas, consistentes, fuertes, y, principalmente, lo suficientemente creíbles como para dar certidumbre jurídica y permitir que exista un verdadero Estado de derecho.

El proyecto de reforma constitucional en telecomunicaciones fue enviado al Congreso en marzo de 2013, al mismo tiempo que estaba siendo formulado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Durante ese proceso, fui convidado por el Poder Ejecutivo a dar una de las ponencias magnas en la Sesión de Comunicaciones y Transportes. La reforma era un tema coyuntural: no era posible hablar de un plan de desarrollo sin incorporar los aspectos que estaban siendo discutidos en ese momento. En aquella ocasión mencioné que la reforma estaba basada en dos grandes pilares: una discontinuidad en las instituciones de nuestro país y la búsqueda de un nuevo modelo en la operación de las redes de telecomunicaciones que promoviera un cambio en la estructura del sector.

En retrospectiva, me atrevo a decir que el segundo pilar – basado en la construcción de una “red compartida” de telecomunicaciones móviles y una “robusta red troncal” – resultó endeble y ha sido una promesa no cumplida. A cuatro años de haber sido aprobada la reforma constitucional, la primera red no existe (a pesar de que la reforma misma obligaba a que su despliegue iniciara antes de terminar el 2014) y la segunda continúa siendo tan sólo un proyecto.

Sin embargo, el primer pilar ha demostrado ser suficientemente sólido durante sus primeros cuatro años de existencia. La reforma dio autonomía constitucional al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que se le dio la incumbencia de regular asimétricamente a los actores, tanto en telecomunicaciones y radiodifusión. Se crearon tribunales especializados, se eliminó dentro de lo posible la bien conocida “doble ventanilla” y se redujeron de manera sustancial las posibilidades de detener la evolución del sector a través de juicios interminables al hacer que las decisiones del ente regulador, ante un amparo, no pudieran ser objeto de suspensión. La promesa era generar las condiciones para eliminar el principal cuello de botella que había aquejado a México en las dos décadas anteriores: la institucionalidad precaria, que había permeado todas las decisiones públicas y privadas en el sector.

México decidió experimentar con un modelo institucional diferente, no probado nacionalmente y con exigua experiencia internacional en la materia dada su autonomía constitucional, pero que expandía el concepto de Estado regulador. No es de esperarse que un modelo que rehace los cimientos de un pilar institucional de un país madure en tan poco tiempo. Las ideas, los procesos, los recursos humanos y la experiencia necesitan acumularse. Para conseguir esto último, es indispensable que su marco de creación se mantenga estable y sea respetado al máximo. No podemos esperar contar con instituciones sólidas si sus fundamentos se ponen en discusión y las ganancias políticas y económicas de corto plazo dominan sobre la institucionalidad endeble de México; una institucionalidad sólida es una ganancia económica y política sólo en el largo plazo. La credibilidad se construye a lo largo de generaciones, pero se destruye con tan sólo un acto.

El IFT ha ido consolidándose como una institución sólida y respetada; debemos dar oportunidad y tiempo a que termine de madurar. La decisión que tomará la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la “tarifa cero”) será un hito en la construcción de instituciones en nuestro país. El centro de la decisión afecta la principal palanca de transferencia de recursos entre las empresas del sector y entre ellas y los consumidores, por lo que el impacto de la decisión, sea cual fuere, será sentido en todo el mercado. La SCJN ya ha publicado un proyecto de sentencia, que, aunque podrá sufrir modificaciones, parece estar basada principalmente en el respetar y fortalecer las instituciones mexicanas, lo que fue una de las piezas fundamentales de la reforma constitucional del 2013. Como ése es el punto en cuestión, no deberán ser los aspectos económicos de corto plazo, ni las ganancias o pérdidas monetarias inminentes de las empresas, ni el bienestar actual de los consumidores lo que deba ser considerado a la hora de juzgar la decisión de la Corte. Deben prevalecer la construcción de instituciones de nuestro país, la defensa del Estado de derecho y el fortalecimiento del modelo regulatorio que hemos escogido. Ésa es la reforma constitucional en telecomunicaciones. Únicamente así podrá ser generado bienestar de largo plazo para todos –para la sociedad, para las empresas, y, principalmente, para los ciudadanos.

Sólo con acciones que refuercen el modelo que hemos adoptado como país es que México dejará de ser un ejemplo en libros bestsellers a nivel mundial que hablan de por qué fracasan los países.

Consultor en telecomunicaciones y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones