Reinventar un país o un estado cada seis años es caro, pues para ello se necesitan millonarios recursos, además de que se corre el riesgo de anular programas que demostraron su valor y cumplimiento de objetivos sin siquiera evaluar si es pertinente su permanencia.
Los relevos de gobiernos en los estados deben ser oportunidad para mejorar lo que se ha hecho bien y erradicar o modificar las malas políticas. Sin embargo, en un recuento que hizo EL UNIVERSAL en 14 entidades que tuvieron cambio de gobierno en 2016 y 2017 se encontró que en materia de inseguridad la situación empeoró en comparación con la administración previa.
En estados como Quintana Roo la cifra de homicidios dolosos se incrementó en más del doble en el periodo enero-octubre de 2017, frente al mismo periodo de 2016. Nayarit y Aguascalientes viven una escena casi similar. Las muertes derivadas de hechos de delincuencia prácticamente se han duplicado.
Durango es la única entidad, de las 14 cuyas cifras fueron revisadas, que ha mostrado un descenso de 5% en el número de homicidios dolosos, pero en cuanto a robos, plagios y extorsiones, las estadísticas exhiben un incremento al compararse con igual periodo del gobierno previo.
Los gobiernos estatales tienden a evadir la situación en sus discursos y entrevistas, a rechazar las cifras, a responsabilizar a sus antecesores o a instancias federales, incluso al sistema de justicia penal, en lugar de aceptar las tendencias que muestran las estadísticas delictivas.
Es cierto que muchos de los delitos son del fuero federal, por lo que el combate a la violencia no es responsabilidad exclusiva de los estados. La población necesita ver coordinación entre ambos niveles de gobierno, no únicamente acusaciones mutuas sobre las fallas en las que cada uno incurre. Ambos deben asumir sus responsabilidades, los gobiernos locales profesionalizando sus corporaciones policiacas, mientras la Federación provee recursos y consolida bases de datos como Plataforma México.
Frente a ese escenario se convierte en prioridad admitir que los resultados no son los que se buscan e incluir a organizaciones sociales en la elaboración de programas, para que evalúen los avances y señalen los pendientes. El problema de inseguridad reclama la participación de la sociedad.
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