En las últimas horas la palabra “cruel” está siendo mencionada por organismos internacionales, gobiernos de varios países, organismos de derechos humanos, escritores y activistas sociales para referirse a la política de Tolerancia Cero que el gobierno de Estados Unidos está poniendo en marcha contra los migrantes.

Videos, fotografías y audios dan evidencia del trato que reciben niños que fueron separados de sus familias. Los padres de estos menores osaron ingresar a un país sin documentos, lo cual los ha convertido —ante las leyes estadounidenses— en criminales; el hecho de no poder encarcelar a menores ocasiona que éstos permanezcan en sitios que más bien recuerdan una prisión.

¿Criminales por buscar un mejor futuro individual y familiar? ¿Criminales por huir de una situación de violencia y de pobreza? Es claro que hay mucha diferencia entre este tipo de “criminales” y los que roban o asesinan.

Con este tipo de acciones el gobierno estadounidense pretende frenar el flujo migratorio, pero de una manera unilateral, por medio del terror, de la división y muy lejos de objetivos humanitarios.

De acuerdo con datos oficiales, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, un total de 2 mil 235 familias y 4 mil 548 personas han sido separadas por las autoridades en este contexto.

Las actitudes de Donald Trump se conocieron desde el primer momento en que anunció su intención de alcanzar la candidatura presidencial del Partido Republicano; demostró intolerancia al lanzar acusaciones sin sustento contra la presencia de inmigrantes en su país, en especial la de mexicanos, y al proponer la construcción de un muro en la frontera con nuestro país. Hasta ahora el Congreso estadounidense ha podido aplazar la entrega de recursos para levantarlo, por lo que la separación de familias es vista como una medida de presión para alcanzar sus fines.

En este momento valores como la defensa de los derechos humanos, que han sido bandera de Estados Unidos, fueron hechos a un lado para adoptar una política marcada por maniobras basadas en el abuso. El anuncio, ayer, de Washington de que deja el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas parece confirmarlo.

El derecho de todo menor a tener una familia y a estar con ella es violentado por los prejuicios de considerar a quien llega de fuera como una amenaza. La comunidad internacional ha comenzado a movilizarse y no debe detenerse. El acompañamiento de gobiernos como el de México se vuelve necesario y urgente.

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