En época electoral, las ideas, las propuestas y los debates son determinantes para un ejercicio democrático ejemplar. Sin embargo, de poco valdrá que lo anterior predomine en las campañas si la población no tiene confianza en las instituciones que tienen a su cargo la organización del proceso.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no son nada satisfactorios, más bien preocupantes. Poco más de dos terceras partes de los encuestados (68.3%) desconfían de las instituciones electorales mexicanas. Es la primera vez que el Inegi realiza este tipo de encuesta, por lo que no hay oportunidad de compararla con resultados previos.
Esos niveles de desconfianza usualmente no se alcanzan de un día para otro; en México son resultado de un cúmulo de malas prácticas o tropiezos que se han dado en torno al funcionamiento de las instancias electorales.
La elección de consejeros electorales, por ejemplo, ha sido criticada por analistas, debido a que se ha convertido en un reparto de posiciones de los partidos políticos, pasando por encima del carácter autónomo que debe prevalecer en el INE.
En su desempeño reciente algunas acciones de la autoridad electoral pudieron haber minado aún más la confianza, como el acuerdo con Facebook, red social que actualmente está bajo sospecha de haber contribuido —al menos por omisión— en la manipulación de datos de unos 50 millones de personas para incidir en el resultado de las elecciones de 2016 celebradas en Estados Unidos, o la decisión que el INE tomó hace una semana respecto a los aspirantes a contender por la Presidencia de la República por la vía independiente.
Organismos electorales locales también han aportado a los índices de desconfianza. En Chiapas, la FEPADE obtuvo el año pasado la formal prisión a ex consejeros electorales por agregar datos falsos al listado de electores. A principios de 2018, sin embargo, quedó sin efecto la formal prisión “por violaciones al derecho humano de defensa adecuada”.
La remoción misma del titular de la FEPADE, ocurrida en octubre pasado, contribuye también a ver con recelo a las instancias electorales.
En los comicios que tendrán lugar el 1 de julio, el INE, el Tribuna Electoral y la FEPADE tendrán un reto mayúsculo: que cada uno de sus actos genere confianza en la ciudadanía. Nada alentará más a la consolidación democrática del país que el aval de la sociedad a los resultados.
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