Recuperar el espacio público

Los delitos en México siguen aumentando. De 2015 a 2016 la cifra total de ilícitos subió en casi 2 millones al pasar de 29.3 a 31.1 millones, de acuerdo con datos del Inegi. Los resultados de las acciones gubernamentales contra la inseguridad aún están quedando cortos para disminuir lo que una gran mayoría considera el principal problema del país.

Prácticamente la mitad de los delitos que se cometieron en 2016 fueron un tipo de robo (en la calle, en el transporte público, de vehículo), lo que trae como consecuencia el temor a asistir a lugares públicos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad señala que la población se siente insegura en los cajeros automáticos, en los bancos, el transporte público, la calle, la carretera, el mercado, el parque o centro recreativo, el centro comercial, el automóvil…

Ninguna autoridad podrá presumir de buen ejercicio de gobierno, mientras buena parte de la ciudadanía tenga que modificar sus hábitos, por temor a la delincuencia. De acuerdo con el mismo ejercicio del Inegi, 64.2% de los encuestados dejó de usar joyas; 51% evita salir de noche; 47% dice no llevar efectivo; y 39% no lleva consigo las tarjetas de crédito. Lo mismo dejaron de salir a caminar, tomar taxi, visitar familiares, ir al cine o al teatro.

El número de delitos corresponde únicamente a los denunciados ante ministerios públicos, por lo cual la cifra real puede ser muchas veces mayor, por la falta de cultura para interponer una denuncia. Los afectados saben bien que denunciar es sinónimo de esperar varias horas para ser atendidos por una burocracia inclemente, sin que ello represente una garantía de que se inicie una carpeta de investigación y menos de la captura de los autores del delito. Este punto no es nuevo. Se conoce desde hace años y los avances para acelerar procesos son casi nulos.

Esta y cualquier otra encuesta del Inegi no son para que la consulten los especialistas y estudiosos de las conductas sociales o de los delitos. Los primeros que tienen que reconocerlas son los gobernadores cuyas entidades enfrentan el mayor problema y en seguida traducir las cifras en acciones para contrarrestar la situación.

Toda investigación tiene que tomarse como una evaluación de lo que falta por hacerse en temas de relevancia social, no para ser abandonada en un cajón.

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