Privatizar tiempo del Estado

Cuando Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, reclamó ante un juez que supuestamente EL UNIVERSAL no le había dado réplica en la información publicada sobre su patrimonio, convirtió un asunto periodístico en un pleito legal entre dos particulares. Tiene derecho de hacerlo. Lo que no tiene derecho es a utilizar los tiempos de difusión que el Estado otorga a los partidos políticos para defenderse a sí mismo.

El más reciente spot electoral del PAN, difundido en tiempos oficiales de radio y televisión, utiliza la imagen de los periodistas Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva, así como el logotipo de EL UNIVERSAL, para decir que un juicio de derecho de réplica determinó que las notas publicadas por este diario acerca de los bienes del dirigente panista “no eran verdad”. Esto, a pesar de que el juez no se pronunció sobre la veracidad de la información.

Pero más allá de la mentira del panista, lo que preocupa del spot es la puerta que abre a la privatización de un recurso público como son los tiempos oficiales en radio y televisión. Ricardo Anaya utiliza ese recurso público —dado a un partido político, no a él— para intentar convencer a la ciudadanía de que no se enriqueció en su paso por la política. Pese a este flagrante uso privado, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió ignorar la petición de impedir la difusión del spot o siquiera de ofrecer a EL UNIVERSAL la posibilidad de responder a las menciones de Anaya en el mismo espacio que éste utiliza.

Todo indica que el INE es incapaz de defender los recursos públicos que administra. Quizá tenga que ver con que los nombramientos de los consejeros —o su posible remoción— depende de los propios partidos políticos a los cuales debería regular. Con una autoridad tan débil, hay que temer por la certidumbre de la contienda electoral del próximo año.

Otro elemento que preocupa del spot es la equiparación entre “ataque” y crítica. ¿Es un “ataque”, como dice el mensaje, un reportaje sobre las propiedades de un líder de partido? ¿Significa que en el futuro, si cualquier medio exhibe la riqueza de un político, esto debe ser considerado agresión? El INE está avalando un ataque a la libertad de expresión.

Como dice el ex magistrado Salvador Nava, en un artículo publicado ayer en El Financiero: “Habría que definir si un reportaje puede considerarse como ataque y si el ejercicio de la libertad de expresión es un embate contra un partido político y su dirigente, por un tema (enriquecimiento ilícito) que es de interés público”.

Privatizing the time of the State