¿Por qué la desaparición del joven Marco Antonio Sánchez Flores generó la movilización de distintas organizaciones, así como declaraciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Organización de Naciones Unidas para que el caso fuera resuelto a la brevedad y esclarecido de manera transparente?

La última vez que se vio a Marco Antonio fue el martes 23 en el momento que policías de la ciudad de México lo detuvieron. Eso causó la indignación. El joven apareció ayer domingo, golpeado, sin un zapato y “desorientado”.

Grupos defensores de derechos humanos habían hecho un llamado a la autoridad para que los elementos policiacos fueran investigados e informaran sobre el paradero del joven de 17 años de edad, estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM.

Los datos que se tenían remitían irremediablemente a situaciones de violación de derechos humanos, que el país ha buscado erradicar con modificaciones en la normatividad y creación de instituciones.

Para la UNAM, Sánchez Flores fue detenido arbitrariamente, por lo que exigió desde el sábado el deslinde de responsabilidades y castigo a quien resultara responsable. Por su parte, ayer el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos condenó la desaparición e hizo un llamado a la autoridad capitalina para que investigara el caso no como un secuestro, sino como una desaparición forzada, y consideró urgente que tanto Marco Antonio como su familia tuvieran acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Por muchos años para distintas autoridades los jóvenes han sido sinónimo de conflictos y con frecuencia son criminalizados, en lugar de lograr su inclusión y alentarlos a que se adueñen de los espacios deportivos y culturales en las ciudades.

En la hipótesis de que el joven hubiera cometido alguna falta o incluso algún ilícito, la fuerza que ejercieron elementos policiacos se aparta de los protocolos que deben de prevalecer en esas situaciones, sobre todo cuando se trata de un menor de edad. Las condiciones en que fue hallado aún amerita varias explicaciones.

La reacción social y de importantes instituciones envía el mensaje de que los actos de gobierno, en especial del uso de la fuerza desmesurada, ya no son tolerados.

En ninguna ciudad del país sus habitantes tendrían que ver a los agentes del orden como sujetos que producen miedo y temor. Por el bien de todos, debe propiciarse una relación de cercanía y confianza.

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