La construcción del Paso Exprés en Cuernavaca parece encaminada a convertirse en un ejemplo emblemático de una obra plagada de anomalías. El proyecto carretero tuvo un costo de 2 mil 200 millones de pesos, pero la Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades por mil 034 millones de pesos por probables irregularidades relacionadas principalmente con pagos excesivos y trabajos sin comprobación.
Las observaciones a cuatro de los 13 contratos asignados se hicieron luego de una auditoría prácticamente ordenada por el repudio generalizado que ocasionó la obra, la cual tardaron más en construirla que en cerrarla debido a la tragedia que ocasionó el socavón aparecido a tres meses de haber sido inaugurada.
Los resultados de la auditoría enfrentan en estos momentos a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con empresarios de la construcción. Las compañías a cargo de la obra pudieron cometer fallas al momento de la ejecución, pero la sociedad esperaría que antes de abrirse la carretera a la circulación hubiera tenido una aprobación de la parte que asignó el contrato y recibía la autopista, en este caso el gobierno federal.
Los hechos del pasado miércoles 12 de julio, dejan poco lugar a la duda. Una obra presumida como uno de los grandes proyectos de la administración federal, que sucumbe a tres meses de haber sido utilizada por primera vez, evidencia, al menos, una grave omisión.
¿Cuántas obras públicas arrojarían presuntas irregularidades si se ordenaran auditorías?
La autoridad tiene en sus manos una posible solución. Algunos estados la utilizan y a nivel federal de manera ocasional se ha hecho referencia a ella, pero poco se ha difundido al respecto. Es la figura de contralor ciudadano, personas que realizan una vigilancia social del uso de los recursos públicos y de la marcha de programas gubernamentales. Puede ser una herramienta útil de supervisión, pero no es la única. La rendición de cuentas y transparencia debe ser total en este tipo de proyectos.
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