Nicaragua se halla sumida en su peor crisis social y política desde 1990. De abril a la fecha, cuando comenzaron las protestas para sacar del poder a Daniel Ortega, la violencia a grado mortal por parte de un régimen ya calificado sin ambages por la comunidad internacional como dictatorial, se ha convertido en moneda corriente, cobrando hasta el cierre de este espacio la vida de 351 personas, entre manifestantes civiles, paramilitares, policías y militares, y dejando también más de dos mil heridos.

El origen del descontento, inicialmente, fue la intención del gobierno en abril de este año, de reducir las pensiones un 5%. Desde entonces la ciudadanía, principalmente los jóvenes, se ha volcado a las calles a lo largo y ancho del país, pero ahora para exigir un adelanto electoral que expulse del gobierno al dictador Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta.

Ayer, nuevamente miles de opositores salieron a marchar en la capital, Managua, y varias ciudades de provincia, en una jornada que se saldó, según una ONG, con al menos cinco muertos. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a diversos grupos opositores y organizó la marcha, también llevó a cabo ayer viernes un exitoso paro nacional para ejercer la mayor presión posible sobre el régimen.

En respuesta, Daniel Ortega —surgido, recordemos, del revolucionario Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y quien ya gobernó la nación centroamericana en varias ocasiones— persiste en su negativa a conceder tales demandas hasta que, afirma convenientemente, “se calme la situación”.

En mayo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que se documentan diversas violaciones a derechos humanos, tortura entre ellas, y, vaya botón de muestra del talante autoritario de Ortega, la presencia de francotiradores en las protestas.

Y en medio de la represión, las pérdidas económicas se van acumulando y ya prefiguran una severa crisis también económica y una severa parálisis que día con día se hacen tangibles.

Ante esto, la comunidad internacional, a través de organismos multilaterales como la OEA, nada ha podido hacer hasta ahora para presionar el termino de la dictadura orteguista y a su vez respaldar a la oposición, algo que sólo podría darse mediante la aplicación de la Carta Democrática.

Desafortunadamente, como en Venezuela, el nudo gordiano en que se ha convertido esta crisis hace cada vez más difícil una salida pacífica a la misma. Mientras, el pueblo nicaragüense clama democracia, y justicia para sus muertos y heridos.

Daniel Ortega debe poner fin a los asesinatos de civiles, esclarecer los registrados desde abril y, por ser la voluntad de los nicaragüenses, anticipar las elecciones y dejar el poder.

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