La justicia, en su definición clásica, es dar a cada quien lo que le corresponde. Bajo esta premisa, sustento fundamental del Estado de Derecho y pilar básico de la convivencia democrática, es que los gobernantes deben tomar decisiones que garanticen el ejercicio de la ley en su cabalidad. Gobernar para todos significa también que las autoridades exijan el cumplimiento de derechos y obligaciones a los ciudadanos.

El gobierno de México determinó en días recientes la condonación de la deuda histórica que sostenían miles de habitantes de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El monto condonado a los tabasqueños era de 8 mil 800 millones 476 mil 280 pesos, lo cual representa una cuarta parte de los adeudos que tiene CFE.

A pesar de ello, algunos liderazgos del movimiento que se negó a pagar la luz durante años han dado a conocer que seguirán sin cumplir con esta responsabilidad. El presidente ha pedido a los tabasqueños que cumplan con la CFE de aquí en adelante, con lo cual se aprecia un primer conflicto.

El segundo problema es el trato diferenciado que desde el gobierno federal se da a Tabasco en este caso respecto de los demás estados. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la instancia federal que se encarga, con base en estudios en la materia, de determinar las tarifas de luz que cada entidad debe pagar a la CFE. En el caso de Tabasco, no fue la Conagua sino un estudio de una universidad local lo que estableció las nuevas tarifas para aquel estado.

¿Podrán las autoridades federales revertir una situación que se ha mantenido por años en Tabasco? No pagar la luz se ha convertido en rutina en aquella entidad en la que viven el 30% de quienes no pagan este servicio a la CFE.

¿Es justo otorgar un trato diferenciado entre las poblaciones del país? Ante la medida, parte de los diputados del PRI piden que también se ajusten a la baja las tarifas eléctricas de los 19 estados del país que enfrentan altas temperaturas a lo largo del año.

Perdonar los adeudos de luz a los tabasqueños es una medida equivocada. Un gobierno lo es para todos, por lo que dar a los habitantes de un estado un trato especial va en perjuicio de los demás mexicanos: el costo de la deuda tendrá que transferirse al resto del país que sí paga su electricidad puntualmente.

Las autoridades están en posición de hacer justicia y exigir a los deudores que asuman su responsabilidad. El que no paga el servicio, no puede acceder a éste. El gobierno federal tiene una política exigente con quienes adeudan impuestos o incumplen sus responsabilidades frente al Estado, ¿por qué no tenerla también con los tabasqueños morosos?

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