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Antes de que se pactara con los Estados Unidos el Plan Mérida, México era sometido a un proceso de certificación anual, por el cual, se calificaba el grado de colaboración entre los diversos países evaluados y el gobierno estadounidense en cuanto al combate contra la producción, tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada. Nuestro gobierno estaba obligado a demostrar haber cumplido con los estándares impuestos por EU en ese rubro a cambio de no recibir sanciones económicas y contar con apoyo en especie, tales como armamento, recursos tecnológicos, tácticos y capacitación.
En muchas ocasiones, este mecanismo fue calificado como invasivo a la soberanía nacional y aunque fue modificado, prácticamente todo siguió igual. Fue en marzo de 2007 durante la visita del presidente Bush a Mérida que se propusieron acciones conjuntas y consensuadas, lo que motivó que funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieran en Washington con el departamento de Justicia para suscribir un memorando de entendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos por 1,400 millones de dólares. Después se le llamaría Plan Mérida.
El Plan Mérida, para nuestro país, no ha conseguido ningún logro o resultado favorable; durante su vigencia el crimen organizado se ha extendido, las policías no han mejorado y el sistema de justicia penal no se ha consolidado. Sus objetivos responden a intereses norteamericanos y únicamente es utilizado como un instrumento para imponernos sus políticas de combate a drogas, mismas que han sido incapaces de aplicarlas en su territorio. Los apoyos siempre fueron entregados en especie, pero lo que necesitamos es que EU cumpla con los acuerdos y tratados internacionales, que controle el flujo de armas y de recursos ilícitos a nuestro territorio, que compartan la información de la ruta de esos recursos en su país, para que después de los decomisos entreguen la parte que nos corresponde.
Los estadounidenses nos recriminan los niveles de violencia y corrupción, cuando por lo general, esos grupos criminales operan con las armas y el dinero que reciben de nuestros vecinos a cambio de narcóticos. México no puede seguir cargando solo con los costos y las consecuencias de este problema multifactorial y con un origen multinacional y menos aún debemos tolerar que nuestra problemática sea utilizada y manipulada electoralmente por Estados Unidos. Nuestro estado de derecho es débil y la lucha en contra del crimen organizado no se ha concretado con la aplicación de nuestra ley penal, en la mayoría de los casos, los grandes capos son juzgados en los Estados Unidos, porque se nos acusa de corrupción e incapacidad, pero a lo largo de la historia reciente han existido muchos militares, fiscales, policías y jueces que han hecho bien su trabajo, algunos han hasta perdido la vida en cumplimiento del deber y lejos de ser reconocidos son afectados por la descalificación general de que somos objeto
Esta actitud norteamericana siempre ha sido justificada, según ellos, por la gran corrupción que padecemos, pero afortunadamente, con la política del nuevo gobierno eso empieza a cambiar. Ahora es posible que, en lugar del Plan Mérida, se establezcan los espacios adecuados de colaboración e intercambio de información, que se diseñen planes y operativos conjuntos, con confianza y colaboración, que se ajusten a las políticas públicas para alcanzar resultados óptimos y se compartan los recursos decomisados para dedicarlos a la rehabilitación de adicciones y la reparación a víctimas.
El plan de “cooperación” no ha sido suficiente para combatir eficazmente la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, por eso es necesario replantear la problemática con objetivos ambiciosos e integrales, reconociendo responsabilidades mutuas, esto es, un plan que atienda a la naturaleza internacional del fenómeno, bajo otras formas de investigación y persecución de grupos delictivos con operación multinacional, formando instituciones y grupos de trabajo regionales; un ejemplo probado sería la Europol, creada como una agencia que opera en toda la zona con acuerdo de los países miembros y en pro de la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Un esquema similar debe ser adoptado en la región afectada por la delincuencia organizada, procurando no incrementar las asimetrías entre Estados Unidos, México y los demás países del continente.
Consejero de la Judicatura Federal
2009-2014
