Los siguientes casos fueron publicados en una nota de sinembargo.com, escrita por Sarai Zulema Oviedo:

Morelos. 5 de julio. Niña de 5 años. El cuerpo de la menor fue encontrado sin vida dentro de un automóvil con signos de asfixia y hematomas en el cuerpo.

Tamaulipas. 17 de julio. Niña de 7 años. La menor de edad fue hallada sin vida al interior de su habitación con una herida en el cuello. La prensa local reportó que fue apuñalada repetidas ocasiones en la espalda.

Nuevo León. 17 de julio. Niña de 8 años. Días después de su desaparición, su cuerpo fue abandonado en un baldío.

Zacatecas. 24 de julio. Niña de 9 años. El cuerpo fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual y el rostro desfigurado.

Chihuahua. 13 de agosto. Niño de 6 años. El menor salió a la tienda, días después su cuerpo fue localizado sin vida en un terreno baldío con una bolsa de plástico en la cabeza, huellas de tortura y quemaduras.

Si bien muchas de las noticias que circulan en los mensajes de WhatsApp sobre supuestos robos masivos de niños —y que ha llevado a linchamientos en distintas partes del país— son falsas, la realidad de la violencia contra los niños es para quitarle el sueño a cualquiera. De acuerdo con Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de las 37 mil personas registradas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), 6,600 son niñas, niños o adolescentes. Entre 2006 y 2017, once mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados. Y el problema de violencia infantil no se circunscribe al crimen organizado, sucede también en la casa y/o en la escuela. Según la organización Save the Children, 63% de los niños encuestados en México durante 2015, afirmaron que habían experimentado alguna forma de violencia en su casa el último mes. De estos, 38% dijo que se trató de una forma de violencia corporal.

Este sexenio termina con indicadores sin precedentes en materia de seguridad. Casi todas las formas de violencia presentan incrementos. Pero a pesar de los malos resultados en este tema, quizás por lo que será recordado el gobierno de Peña Nieto será por la corrupción e impunidad. Escándalo tras escándalo han evidenciado el desfalco del erario público para enriquecer patrimonios particulares (o para financiar ilícitamente campañas electorales) y el uso faccioso de las instituciones de justicia penal. Mientras Peña Nieto nos bombardea de anuncios para convencernos de las bondades de su gobierno, la PGR trabaja a marchas forzadas para cerrar carpetas de investigación abiertas en contra de sus aliados. La muerte, las desapariciones, y el malestar general, les tiene sin cuidado.

Las teorías del contrato social proponen que el Estado se crea cuando los miembros de una comunidad deciden renunciar a hacer uso de la fuerza, a cambio de tener una convivencia pacífica y ordenada. Al Estado se le entrega el monopolio de la fuerza a cambio de hacer cumplir el contrato acordado entre las partes. Nos sometemos al Estado a cambio de seguridad y un mínimo de justicia. ¿En qué consiste hoy el contrato social mexicano? Si el Estado no garantiza la mínima seguridad de sus miembros ni el buen uso de los recursos comunes, ¿qué objetivo cumple?

Los recientes linchamientos son un síntoma del colapso del Estado mexicano y de su credibilidad. Estos actos, condenables bajo cualquier escenario, permiten ver cómo ha permeado la violencia en todas las esferas de la sociedad. Pero también permiten advertir la ausencia de un Estado que provea seguridad o justicia. El robo sin freno de lo público, los casos repetidos de impunidad y la implementación de políticas de seguridad basadas en el ejercicio selectivo y arbitrario de la violencia han llevado a la percepción de que el Estado no hace justicia. Cada persona, cada comunidad debe valerse por sí misma, parece decir la turba que lincha. Eso deja el gobierno de Peña Nieto: un país en Estado de naturaleza.

División de Estudios Jurídicos. CIDE
@ cataperezcorrea

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