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El país está lejos de una exitosa reforma constitucional en telecomunicaciones, que radica en una competencia efectiva y duradera, dijo AT&T México.

“Si bien ha habido algo de progreso para lograr un mercado más balanceado y las medidas asimétricas están empezando a marcar una diferencia, aún estamos muy lejos de asegurar el éxito de la reforma constitucional: la creación de una competencia efectiva y duradera”, comentó AT&T México a EL UNIVERSAL.

Reiteró que México se caracteriza por contar con un jugador dominante que mantiene una alta concentración en el mercado.

La semana pasada, América Móvil aseguró que la entrada de AT&T al país generó una desinversión extranjera de mil 618 millones de dólares y su incursión al mercado mexicano se debe a la venta de su participación en la empresa de Carlos Slim.

Además, subrayó que AT&T únicamente ha invertido mil 300 millones de dólares, lo que significa un déficit de 700 millones entre 2015 y 2016.

Inversiones para 2018. La empresa estadounidense precisó que han hecho acuerdos de inversión para 2018 de 7.4 mil millones de dólares y mencionó que el compromiso constitucional por una competencia duradera y la regulación asimétrica establecida en la Constitución y la legislación los incentivaron a invertir en el país.

“Hicieron de México un lugar muy atractivo para invertir y sin ellas no habríamos entrado al mercado”, comentó la telefónica.

Sin un compromiso inquebrantable con la implementación de la regulación diseñada para rebalancear el sector las reformas pueden fracasar a un paso más acelerado que el de su progreso, expresó la empresa.

“Un progreso continuo del fortalecimiento de las opciones y la competencia en el sector de las comunicaciones también impulsará todas las facetas de la economía del país”, indicó AT&T.

Las inversiones, precios más bajos, más opciones y una mejor experiencia de atención al cliente son los beneficios que la implementación efectiva y duradera de la reforma ha dejado a los consumidores mexicanos, agregó la compañía.

“Continuamos optimistas de que todas las instituciones gubernamentales mexicanas velarán por los intereses de los ciudadanos y mantendrán su compromiso de generar condiciones de competencia efectiva”.

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