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La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios relacionados con un contrato de obra pública en la refinería Miguel Hidalgo contra firmas filiales de Odebrecht y sus representantes legales.
Por medio de un comunicado, la dependencia informó que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) inició los procesos administrativos contra las filiales de la empresa brasileña y representantes legales, pero omitió señalar sus nombres para no violar el debido proceso.
La empresa brasileña es investigada en diversos países del mundo por el escándalo de corrupción que generó con el pago de sobornos altos funcionarios gubernamentales a cambio de contratos de obra pública.
Sólo en México se tiene detectado que Odebrecht dio más de 10.5 millones de dólares a ex funcionarios federales entre 2010 y 2014 por parte del brasileño Marcelo Odebrecht, para obtener contratos.
De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Luis Weyll, ex director de la constructora brasileña en México, es señalado en testimonios judiciales como presunto coordinador de la reunión en la que se habría gestionado un soborno de 5 millones de dólares para el ex director de Pemex Emilio Lozoya.
Weyll también jugó un papel protagónico en el crucigrama de empresas creadas para apoderarse del negocio del agua y la energía eléctrica en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, detenido en Guatemala y quien es investigado por mal uso de recursos públicos.
La indagatoria. La SFP informó que como parte de la investigación iniciada por la institución el 22 de diciembre de 2016, se realizó una auditoría transversal sobre los diversos contratos que suscribió esta constructora y sus filiales.
Esto con algunas dependencias de la administración federal, entre ellas Pemex, empresa productiva del Estado que ha colaborado las investigaciones de este caso.
Como consecuencia, se identificaron probables irregularidades administrativas de acuerdo con lo que establece la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por lo que ayer se notificó a Odebrecht y a sus representantes, quienes en términos de ley tendrán derecho al desahogo de pruebas.
Es decir, dicha notificación no prejuzga acerca de la probable responsabilidad administrativa, la cual será determinada una vez agotadas las fases legales del debido proceso.
La SFP reiteró su compromiso de seguir reforzando los mecanismos de vigilancia y control en las dependencias, entes e instituciones de la administración pública federal con el propósito de prevenir y sancionar toda conducta que pudiera ser contraria a la ley.
