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Lanzan alerta por riesgo de lavado en las remesas

Proveedores del servicio son vulnerables al ilícito, advierte GAFI; destaca organismo regulación de México sobre empresas de envíos
04/04/2016
01:30
Leonor Flores
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El Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) alertó del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el envío de remesas que hacen los migrantes a sus países de origen.

GAFI actualizó la guía que emitió en 2009 para poner en el centro de atención el tema de los proveedores de servicios de remesas o de transferencias de dinero conocido como MVTS (por sus siglas en inglés) para alinearlo con las más recientes recomendaciones del grupo en materia de acciones contra el financiamiento al terrorismo.

En el documento mediante el cual se exponen los diversos modelos de negocio que usan en el mundo, se hace referencia a casos como el que se presentó en Italia, en donde operadores transfirieron ilegalmente al exterior mil millones de euros como resultado de varios delitos, como importación y venta de productos falsificados, evasión de impuestos y piratería.

Se pone de manifiesto que por esa razón en el mundo los bancos han decidido romper relaciones comerciales con las empresas de servicios de remesas o transferencias de dinero.

La guía dirigida a los países miembros y las autoridades para que cuenten con una orientación para aplicar un enfoque basado en el riesgo, establece que si bien las remesas juegan un papel importante en el sistema financiero, los proveedores de dichos servicios no se escapan de ser vulnerables al abuso con fines de lavar dinero o financiamiento al terrorismo.

Se hace referencia que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ponderó que en 2014 los países en desarrollo recibieron más de 400 mil millones de dólares en remesas.

Reacción del Banco Mundial. Sobre la observación que hizo el GAFI, el Banco Mundial (BM) reaccionó e instó a los países a protegerse de este riesgo para ver la forma en que se pueda armonizar la integridad y las remesas.

“Es importante que las personas puedan enviar y recibir dinero con relativa facilidad y a un costo razonable. Sin embargo, los proveedores de servicios de remesas y los gobiernos que los supervisan deben garantizar que no existan abusos por parte de grupos o individuos que realizan actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo”, escribió en su blog Emily Rose Adeleke, quien es especialista del sector financiero de la Unidad de Integridad del Mercado Financiero del Grupo del Banco Mundial.

La ex funcionaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y experta en temas sobre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lanza la pregunta sobre de qué manera pueden los países garantizar que los proveedores de servicios de remesas —cuyos clientes a menudo son las personas más pobres del mundo— mitiguen el abuso por parte de blanqueadores de dinero y terroristas.

Reconoce que el documento emitido por el GAFI contribuye a aumentar conocimientos entre los bancos, gobiernos y proveedores de MVTS en su lucha por manejar los riesgos impuestos por “malos actores” en el sistema, sin afectar a empresas legítimas.

¿Qué hace México? En el documento del GAFI se mencionan algunos ejemplos de las acciones que están tomando los países contra este riesgo, entre los que destaca México.

Se señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene amplias facultades para investigar a empresas que dan estos servicios para vigilar si opera con autorización. Si encuentra que la compañía no está registrada, el delito se castiga con prisión de tres a 15 años, y una multa de hasta 100 mil días de salario mínimo.

La CNBV publica en su portal de internet la lista de empresas de servicios de remesas que están autorizadas para ofrecer la transferencia de dinero.

Además se menciona que la Secretaría de Hacienda recientemente modificó la regulación para que las remesadoras apliquen las mismas reglas antilavado para el sector financiero.

También se refiere al proceso de certificación para oficiales de cumplimiento que debe tener cada empresa de servicios de remesas, para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

 

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