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Detecta SFP actos ilícitos de trabajadores de PEP

Un empleado operaba como socio de empresa subcontratada
La unidad de la SFP inhabilitó a José Aroldo de Hoyos Morales, y presentó la denuncia correspondiente ante la PGR (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
07/08/2015
00:12
Noé Cruz Serrano
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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó ayer que luego de una investigación realizada por la Unidad de Responsabilidades, órgano dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), logró identificar la participación en actos ilícitos de personal de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

La empresa productiva del Estado habría desarticulado un grupo integrado por compañías privadas que operaban como sus proveedoras y empleados con conflicto de interés, en un contrato millonario.

La dirección general de Pemex, encabezada por Emilio Lozoya Austin, giró instrucciones desde el inicio de la investigación para brindar todo el apoyo y colaboración a la Unidad de Responsabilidades para avanzar en el combate a la corrupción y el conflicto de intereses en su interior.

La investigación reveló que José Aroldo de Hoyos Morales, quien tenía a su cargo la supervisión de la obra del contrato celebrado por PEP con el consorcio Chamsa Grupo Corporativo y Mava Group Inc., operaba a su vez como socio de la empresa subcontratada Encino Integrated Services LLC, junto con Eduardo Javier Natividad Maqueda, quien además es presidente de Mava Group.

Dicho contrato consistía en trabajos de instalación de aparejos de tubería flexible y operaciones con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de los activos de la región norte, por un importe de más de 100 millones de pesos y de poco más de 21 millones de dólares, sin incluir IVA.

Pemex reveló que no obstante el “obvio” conflicto de interés que tenía de Hoyos Morales, “no se excusó en intervenir en la supervisión del contrato que benefició a su socio. Más aun, no reportó esto ante Pemex, ni tampoco en las declaraciones patrimoniales que presentó ante la SFP”.

Por ello, la Unidad de Responsabilidades resolvió destituir e inhabilitar por 10 años a José Aroldo Hoyos Morales, y presentó la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles delitos cometidos por ex servidores públicos y trabajadores en activo de la empresa productiva del Estado.

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