Demanda iniciativa privada plan para reactivar economía

maria.saldana@eluniversal.com.mx

Organismos privados unieron sus voces para pedir que con celeridad el gobierno presente el plan de acción para reactivar la actividad económica ante las presiones que tendrá la economía por el alza de los energéticos y el aumento de la inflación, además de que condenaron los actos de vandalismo y violencia que se registran con el pretexto del gasolinazo.

Empresarios de diversos organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya pidieron una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para buscar junto con la autoridad medidas “paliativas” para aminorar el impacto del gasolinazo e impulsar el consumo, expuso el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, hizo un llamado a las autoridades a brindar protección, a aplicar el Estado de derecho y pidió un plan de incentivos. Aseguró que “los saqueos a tiendas comerciales y gasolineras, así como los bloqueos de carreteras —que afectan profundamente el clima social y violentan los derechos de los demás ciudadanos— son inaceptables, y nada tienen que ver con el ejercicio de la libre expresión, responsable y pacífica”. Para Castañón es necesario que el gobierno federal integre un plan de incentivos para el dinamismo interno en la que el Ejecutivo haga compromisos en reducción del gasto y deuda pública.

“Desde hace meses, el sector empresarial está haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar repercutir las alzas de energéticos y la devaluación del peso en sus precios finales. Es urgente emprender políticas que no sólo compensen las nuevas tarifas, sino que impulsen el desarrollo interno”, dijo.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, condenó los actos de vandalismo que generan “grupos oportunistas” que utilizan como pretexto el incremento a los combustibles, ya que solamente desestabilizan el orden social y vulneran el Estado de derecho.

“Reiteramos el llamado al gobierno a dar muestras de sensibilidad política y diálogo con la sociedad para no sugerir resignación, sino proponer medidas concretas para atender el descontento social”, agregó.

La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas —que agrupa 220 centros de distribución del país donde se abastecen 53% de la demanda nacional— aseguró que comparten la inconformidad por la falta de transparencia y el incremento desmedido en el precio de combustibles, energía eléctrica y gas LP, pero “reprobamos la violencia”.

Pidieron la intervención de la autoridad para que se les garantice la seguridad y el libre movimiento para poder transportar los abarrotes.