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maria.saldana@eluniversal.com.mx
Por primera vez, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra gasolineras por negarse a recibir una verificación.
Además, reportó ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a otras dos estaciones de servicio por no respetar el precio máximo establecido, ya que cobraban hasta 49 centavos más por arriba. Como parte del operativo de revisión de gasolineras en estos primeros 12 días del año se sancionó a 30 gasolineras por vender litros incompletos, agregó la procuraduría en un comunicado.
De las denuncias ante la PGR, detalló que una de las estaciones de servicio se ubica en Boulevard Puerto Aéreo número 134, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. La otra está en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenango del municipio de Rayón, en el Estado de México. De encontrarse culpables, la PGR podrá imponerles sanciones penales de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública.
Además, se les aplicará una sanción por 250 mil pesos como multa según marca el artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que se llevará de manera independiente al procedimiento ante la instancia judicial. La Profeco, a cargo de Ernesto Nemer Álvarez, dijo: “En los primeros 12 días de enero se revisaron 2 mil 334 estaciones de servicio de las aproximadamente 11 mil 400 que hay en todo el país”.
Todo ello como parte del programa de verificación en el que se pretende evitar abusos y garantizar que se respete el precio máximo y la venta de litros completos.
El corte de caja actual es que hay irregularidades en 32 gasolineras, de las cuales dos vendieron el combustible por encima del precio real y 30 más vendieron litros incompletos. Además, se inmovilizaron 74 mangueras por diversas irregularidades.
Las sanciones por no vender litros completos, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, pueden llegar a los 4.1 millones de pesos, y en caso de reincidencia se podría duplicar e incluso derivar en la clausura del establecimiento.
Esas multas son independientes de las que determinen la CRE y la PGR, instancias que deberán evaluar el asunto y definir las sanciones a aplicar, pudiendo llegar incluso a la cancelación del permiso para vender combustibles.
