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Gregg R. Mulholland, un canadiense propietario de una empresa de manejo de valores y gestión de inversiones con sede en Panamá y Belice, es el primer acusado por las autoridades de Estados Unidos de haber violado la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Externas, la ley FATCA —por sus siglas en inglés — que para aplicarse en México se firmó un acuerdo bilateral de intercambio automático de información.

El caso pasó desapercibido ante la opinión pública frente al escándalo de los Panama Papers y solamente trascendió como reporte interno clasificado como casos controvertidos en materia de impuestos en las grandes firmas de abogados de la Unión Americana.

Sin embargo, sienta un precedente sobre las acciones que va a seguir tomando el gobierno estadounidense para el combate a la evasión fiscal sin que esté adherido a acuerdos multilaterales o adoptando reglas como las que está promoviendo la OCDE para evitar que multinacionales se lleven sus ganancias a países con tasas de impuestos bajas para pagar menos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales, luego de que Gregg R. Mulholland fue detenido por el FBI en el aeropuerto internacional de Phoenix, Arizona cuando hacía una escala de Canadá a México, en junio del año pasado, por haber lavado alrededor de 300 millones de dólares y por fraude.

Las autoridades efectuaron una investigación utilizando agentes encubiertos y escuchas telefónicas para comprobar los delitos; una vez detenido aceptó haber realizado operaciones en paraísos fiscales por medio de estructuras financieras para ocultar ganancias de sus clientes y eludir la presentación de información al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos bajo las normas de FATCA, una ley de largo alcance que entró en vigor en julio de 2014 en el país vecino y que obliga a instituciones financieras y bancos a entregar información de sus clientes con cuentas en el exterior para verificar si evadieron el pago de impuestos.

El acusado obtuvo ganancias de manera fraudulenta a través de cinco bufetes de abogados que se encargaban de preparar operaciones off shore.

Mulholland de 45 años de edad se declaró culpable y junto con otras personas fue acusado por haber creado entre 2010 y 2014 esquemas financieros para evadir la ley FATCA y lavar dinero en paraísos fiscales en Panamá y Belice.

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