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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el Protocolo Electoral 2016   que deben seguir todos los empleados y trabajadores de la dependencia, para evitar que violen la ley con conductas a favor de algún candidato o partido en sus centros laborales, filtren información, y para que denuncien actos de servidores públicos en contra de la normatividad electoral.

La importancia del blindaje electoral radica en que Hacienda es la dependencia que tiene a su cargo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que asciende para este año a 4.7 billones de pesos.

Además, son su responsabilidad el órgano recaudador de impuestos, la administración de aduanas y la distribución de ingresos por la Tesorería de la Federación.

Con el protocolo pretende inhibir la comisión de conductas contrarias a la ley y concientizar de la importancia de la participación del personal en el blindaje electoral.

El protocolo contiene 14 casos prácticos de conductas y recomendaciones, cuatro cosas que pueden y no deben hacer trabajadores del sector hacendario en época electoral y nueve situaciones de conductas permitidas y prohibidas.

Además, incluye los 10 principios de servidores públicos en materia electoral, entre los cuales destaca respetar preferencias y opiniones políticas de los compañeros.

Se establece que dado que el próximo 5 de junio se desarrollarán jornadas electorales en 14 entidades federativas, los servidores públicos deben contar con una guía básica de las conductas que son contrarias a la normatividad en esa materia.

De entrada, se establece que con el inicio de las campañas electorales se suspenderá la propaganda gubernamental en medios de comunicación, trípticos y que las denuncias en contra de servidores se harán ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Función Pública.

En el protocolo de actuación, se pone de manifiesto que todos los empleados públicos de la SHCP están obligados a salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servidor público.

Por lo tanto, pide actuar con absoluta imparcialidad en la prestación del servicio, sin utilizar o permitir el uso de recursos públicos para fines político-electorales.

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