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Recientemente se aprobó en México la Ley Fintech, la cual busca regular aspectos relevantes para el sector financiero, los medios de pago electrónico, el uso de criptomonedas y el financiamiento colectivo o crowdfunding, entre otros. Con respecto a este último, la nueva disposición define cómo deben operar este tipo de plataformas y cuál ha de ser el rol tanto de inversionistas como de solicitantes.
Tradicionalmente, financiar un proyecto o un emprendimiento solía consistir en involucrar a varias personas para recolectar grandes sumas de dinero. Sin embargo, las nuevas tecnologías están abriendo una nueva posibilidad, como es el caso precisamente de las plataformas de financiamiento colectivo, que, a través de aplicaciones, páginas de internet u otras herramientas, pueden lograr el mismo objetivo. Supone una revolución que sirve y servirá para conectar a los emprendedores con los inversionistas potenciales, recolectar fondos bajando los costos de capital y brindar la posibilidad de que estos últimos adquieran un mayor retorno de inversión, así como nuevas maneras de invertir.
México cuenta con tres tipos de plataformas que ofrecen servicios de financiamiento colectivo: de deuda, capital y copropiedad o regalías. Hoy en día, éstas se perciben como complementarias o incluso como sustitutos a los medios tradicionales de financiamiento. Al tiempo que el financiamiento colectivo crece, estas plataformas se encuentran cada vez más interconectadas con el resto del sector financiero, provocando que surja una preocupación sobre los riesgos sistémicos. Por lo tanto, la ley llega en el momento correcto para sostener el crecimiento del financiamiento colectivo y proteger los intereses de todos los participantes.
La disposición obliga a todas las plataformas de esta clase a obtener la autorización de la CNBV antes de comenzar a operar. Igualmente exige que aporten información clara y verídica a los inversionistas sobre los criterios de selección de los solicitantes y proyectos objeto de financiamiento, el riesgo de los solicitantes y los proyectos, la metodología de la evaluación de riesgo y la calificación de los solicitantes y proyectos. Adicionalmente, protege las inversiones contra la propia plataforma: en caso de que ésta llegase a sufrir problemas financieros, el dinero de los inversionistas estará seguro. Sin embargo, actualmente la Ley Fintech mexicana no coloca restricciones sobre el perfil de los inversionistas o el monto a invertir. En ciertos países, por ejemplo, los particulares deben de cumplir ciertos requisitos para poder participar y no pueden invertir más de 10% de su capital neto de inversión.
No obstante, debemos remarcar que estas regulaciones son un gran punto de partida. Mediante estas leyes las plataformas están obligadas a ser transparentes sobre los proyectos que están siendo financiados, a revelar el desempeño de los proyectos financiados en el pasado y explicar los modelos de negocio de la plataforma. Esto ayudará a los inversionistas a entender el porqué de los protocolos fijados por la plataforma y confirmar si están de acuerdo con el nivel de riesgo al que estarán expuestos.
Ciertos riesgos de inversión son inherentes al financiamiento colectivo. Hablamos, por ejemplo, de fallas en las plataformas, fraudes y liquidez de las inversiones, ciberataques y alto riesgo por defecto, entre otros. Por lo tanto, los inversionistas deben limitar su exposición, entender los términos y riesgos de la inversión, e investigar de manera correcta la plataforma y organización que solicita los fondos.
Es necesario, por tanto, que inversionistas y emprendedores actúen con integridad, reduzcan información asimétrica, para invertir y buscar fundos de manera responsable. Por otra parte, los reguladores, a su vez, deben desarrollar regulaciones para proteger al inversionista, ser transparentes acerca de las regulaciones por venir y crear condiciones que permitan el crecimiento de estos nuevos mecanismos de inversión. De no ser así, el financiamiento colectivo no va a prosperar y proveer los beneficios que promete.
Financial Services Advisory, PwC México, y Profesora Asociada de Derecho, ITAM
