Gobernadores violan la autonomía presupuestaria de los Tribunales Electorales y OPLES

Eso dijo ya, por tercera ocasión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (La Sala) en los juicios SUP-JE-83/2016, SUP-JE-108/2016 Y SUP-JE-1/2018 y señala a los gobernadores específicamente, de violar la Constitución art. 116 fracción IV, 5, 105 y 106 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en perjuicios de los Tribunales Electorales Estatales ¿es cierto? Sí, lamentablemente, cierto, la misma sala ha señalado que “la autonomía de los organismos públicos locales, es un componente esencial para el funcionamiento y consolidación del sistema electoral mexicano, pues permite salvaguardar la independencia e imparcialidad en las decisiones de las autoridades electorales locales” esto se ha venido diciendo desde 2016, sin embargo, hasta la fecha, no obstante que hay estos precedentes, obligatorios para los gobiernos estatales, los TE, siguen sufriendo porque no se les da el presupuesto y la infraestructura que ocupan, para funcionar bien.

Todo empieza, cuando la Secretaría de Finanzas o como se le llame cada Estado, envía un oficio a los tribunales, ordenándoles, que cuando envíen el presupuesto de egresos al Ejecutivo, se ajusten al techo financiero; y ese techo financiero, a decir de esta autoridad, es, que no se vayan a pasar de la cantidad que ella les sugiere, claro, esta autoridad al depender de los ejecutivos, ya tienen una instrucción para enviar esa orden; ¿qué se ocasiona con esta instrucción? que los tribunales, trabajarán limitados y manda el mensaje de que en realidad, no hay autonomía financiera, y eso, es grave; grave, porque a una institución autónoma e independiente, no se le debe decir, ajústate a gastar cierta cantidad, cuando, de acuerdo a la ley que aprobó el mismo Estado, le delega atribuciones y le exige cumplir con actividades, sin excusa alguna; a pero, dice el ejecutivo, cúmplelas a como dé lugar, pero, solamente te voy a dar este presupuesto, (de facto ocurre).

¿Y qué pasa si con lo que les dan, no les alcanza? Por un lado, harán lo que puedan (y quedarse callado, casi eso siempre ocurre) pero esto puede traer una responsabilidad oficial para quienes integran esta institución y por otra parte, los presidentes del Tribunal a medio año, ya están visitando al Ejecutivo y a los Congresos, para que les amplíen el presupuesto y es todo un peregrinar para que te reciban, esto no es sano, tampoco es recomendable, porque somete a los tribunales a andar pidiendo un presupuesto que desde un principio se les debió de haber dado y todo esto merma la autonomía e independencia y la buena marcha en la justicia electoral, los gobernadores ya saben, los Congresos también, pero a pesar de tener precedentes de que esto, no debe suceder, es una práctica común, la misma SCJN lo ha dicho en su jurisprudencia (P./J. 127/2008).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe, Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Ha dicho que los jueces y los órganos de justicia para ser autónomos e independientes necesitan de ser dotados de financiamiento suficiente, para que hagan su tarea, no dárselos, se trastoca el derecho al acceso de justicia, que incluso, puede provocar la desconfianza social (puntos 30, 33, 34 del desarrollo y punto 5 de las Conclusiones).

Por ello, basta que los Tribunales sufran de eficiencia presupuestaria; todos, todos pueden hacer su tarea bien, pero para ello necesitan contar con presupuesto suficiente y no andar mendingándolo.

Al igual que los Estados que se han defendido, cuando les dan menos de lo que necesitan, es necesario que la asociación nacional, que agrupa los magistrados electorales, busquen el mecanismo de solucionar este grave problema, o, en su defecto, inicien de forma colectiva la defensa de su presupuesto, el camino está señalado, sólo falta andarlo, el resultado sin duda, será positivo, el actual presidente de esta asociación de magistrados Magdo. César Wong ha trabajado arduamente en buscar la autonomía financiera de los tribunales electorales.

Este cambio, debe tener un beneficio para la sociedad, la sociedad espera jueces electorales confiables y que resuelvan los conflictos con justicia, o sino entonces, para que se ocupan, uno de los lamentos de los tribunales, es que están limitados en todo, pero sobre todo, en el presupuesto, pero ahora, con lo que ha dicho la sala, se da un salto enorme, para no depender financieramente de los poderes estatales, lo que sí es conveniente hacer, es que, los tribunales sean conscientes al solicitar su presupuesto y que lo utilicen para lo que es, que al cabo es una obligación de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera ¿ y para qué es? para garantizar la justicia electoral de verdad, no a medias, no de compromisos anti-judiciales con el Estado, no de demagogia judicial, porque todo, todo esto, lo de la sociedad lo ve y no se lo merece, si esto, los tribunales no lo pueden garantizar, entonces no necesitan presupuesto, porque el concepto de presupuesto necesario, es, para hacer las cosas bien y bien significa, que todas sus resoluciones sean con justicia, si no de nada sirve lo que diga la sala; ojalá que este avance, sea un parteaguas para los tribunales y para que en realidad se vayan caracterizando por su independencia y buenas prácticas de la justicia electoral.

Ángel Durán

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