En una de sus obras más célebres, el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein apunta que “todo lo que se expresa puede ser dicho de forma clara”. Con ello, Wittgenstein buscaba resaltar la importancia de las palabras y, sobre todo, de la claridad con la que éstas deben expresar los hechos. No cabe duda que todo aquel que inserta su voz en el ámbito público debe hacerlo con responsabilidad, es decir, con la capacidad de responder ante lo que sus palabras señalan.

En las sociedades modernas, la opinión pública es cada vez más compleja. Ya no se trata de que el público escuche pasivamente a los emisores de un mensaje, ahora existen más canales de información y comunicación: el internet es un conjunto de redes independientes conectadas entre sí que permiten el intercambio de datos a nivel mundial en cuestión de segundos. Todos los que tienen acceso a la red pueden participar de una conversación que genera una opinión pública más interactiva y bulliciosa.

Desde luego, el ensanchamiento de la conversación pública es sano, fortalece el pluralismo, la tolerancia y, en consecuencia, contribuye a la construcción de la democracia. Sin embargo, el fenómeno también posee sus desafíos. Uno de los que se han popularizado en los últimos años es la diseminación de información falsa, mejor conocida como fake news. Lo preocupante del caso no solo es que algunos medios de comunicación o redes sociales sirvan para difundir información imprecisa o errónea que engaña al público, sino que haya autoridades que fomenten tales engaños.

Es un hecho que las noticias falsas perjudican a todos. En un plano general, la publicación de información imprecisa o falsa vulnera el derecho colectivo de acceso a la información, pero también, en un plano más privado, puede lesionar injustamente la imagen, el prestigio y el honor de las personas. Por esta razón, es fundamental garantizar el derecho de réplica en los términos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entendido de que éste derecho no impide el libre ejercicio del periodismo ni coarta la libertad de expresión de los medios de comunicación, radio, televisión o prensa. Contrario a ello, el derecho de réplica debe ser visto como un instrumento que permite aportar otra visión de los hechos difundidos y, en esa medida, generar un adecuado balance entre la información publicada por el medio y la información aportada por la persona aludida.

Como lo establece una reciente tesis de nuestro Tribunal Supremo, garantizar el derecho de réplica no significa ni implica acusar o descalificar al medio de comunicación o periodista. Simplemente se trata de proporcionar los canales para que cualquier ciudadano que considere inexacta la información difundida sobre sí tenga la posibilidad de ejercer su libertad de expresión.

La responsabilidad de los medios y la importancia de la libertad de expresión fueron temas centrales que recientemente se abordaron en el Foro de París sobre la Paz. De manera destacada, mediante un comunicado conjunto, los jefes de Estado participantes subrayaron el desafío de la desinformación masiva que circula por internet, al tiempo de reconocer la importancia del derecho a la información independiente y plural, pero también fidedigna.

Nuestra Constitución reconoce la libertad de expresión, pero también el derecho de réplica. Ambos derechos construyen democracias dialogantes y sólidas, basadas en una conversación informada. Una ciudadanía madura no puede rehuir al intercambio de puntos de vista. La polarización nunca es resultado de un debate informado en torno a los problemas públicos, sino precisamente a la ausencia de comunicación entre los involucrados. Debemos recordar que la democracia sucede allí donde autoridades, medios y ciudadanos ejercen su derecho al diálogo.



Consejero de la Judicatura Federal

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