Estamos hablando de una alianza con firmas extranjeras para operar y en su momento reconfigurar tres de sus refinerías que operan actualmente a 60% de su capacidad instalada.

Adicionalmente, de acuerdo con la agencia Bloomberg, la empresa productiva del Estado prepara una línea de endeudamiento por 3 mil 500 millones de dólares, que se acumularía a los 98 mil que carga en materia de deuda en un escenario de quiebra técnica.

Mientras tanto, a contrapelo de la exigencia de detener el proceso, se mantienen vivas las rondas para concesionar campos en tierra firme o marítima. En la lista para septiembre están 37 de ellos en la Cuenca de Burgos, que alcanza tres entidades federativas del norte del país, y nueve en aguas profundas.

En el primer caso, la búsqueda apunta a gas natural.

La intención, naturalmente, es darle imposibilidad de reversa o de freno a la reforma energética, o eventualmente a la recuperación del potencial de la que por décadas ha sido la principal empresa del país.

La teoría habla de un marco similar al de la industria cervecera, es decir el mercado tiende a concentrarse en cada vez menos jugadores, lo que obligaría a la petrolera mexicana a irse integrando paulatinamente al carro de los vencedores.

La empresa, alguna vez décima petrolera del planeta, a sus 80 años enfrenta todas las enfermedades: sobrendeudamiento, caída de la producción petrolera, que llegó de una cima de 3 millones 400 mil barriles, a una tercera parte; desmantelamiento de sus plantas petroquímicas; parálisis de casi todas sus tareas de exploración, y caída acelerada de productividad.

Las reservas apenas garantizan un abasto de seis meses.

El país no sólo está importando más de la mitad de las gasolinas que consume, también petróleo.

La posibilidad, pues, de devolverle factibilidad parecería utópica.

La caída del gigante ha arrastrado con mayor énfasis a dos entidades federativas: Tabasco y Campeche.

Aunque se han buscado vías para reinventar a la empresa, éstas apuntan hacia su colocación como un jugador más en el mercado, con sólo la alternativa de supervivencia.

Si durante los últimos años había creado subsidiarias con tareas específicas, casi autónomas, al punto de tener su propio consejo de administración, ahora se regresa a un escenario centralizado.

Así, se devuelve a la férula del gobierno central las funciones de procura, desarrollo humano, jurídica, finanzas y planeación.

La operación se plantea desde sólo dos subsidiarias, una para producción y otra para la cadena de valor de la materia prima.

La ruta habla de “desacralizar” a Pemex como el gran baluarte del país, incluido el destierro de la idea de que México es un país petrolero.

Anunciada la reforma energética en Londres, con puerta al regreso de la empresa Shell, se podría decir que la señal era clara: México revierte la expropiación de 1938.

¿Usted dispense?

¿RIP a Pemex?

Balance general.

Colocado un intento de zancadilla en la antesala del sí de la Comisión Federal de Competencia Económica a la fusión de Banorte e Interacciones, al darse a conocer que dos fondos extranjeros con importantes tenencias de acciones colocadas en los mercados se habían opuesto a ésta en la asamblea extraordinaria de diciembre del año pasado, la tarea del banco resultante será convencer de que, la operación es benéfica.

Aunque en principio el marco plantea una sociedad familiar, la familia Hank Rhon se alinea a la Hank González, se trata de dos estilos distintos de negocio.

Mientras Banorte apunta a la banca corporativa, Interacciones centra sus negocios con el gobierno, vía una oferta crediticia a las entidades federativas.

La apuesta, pues, en niveles distintos niveles de riesgo.

Hasta hoy las fusiones realizadas por el grupo financiero han sido exitosas.

Así, el cúmulo de firmas del ramo, ya Bancomer, ya XXI-Ixe, lo llevó al liderato en materia de administradoras de fondos para el retiro.

En algunos renglones el banco resultante se colocará a la par o por encima de Banorte, el segundo del sistema.

Se escapó el caballo.

La empresa Shamara International Maritime le está solicitando a la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos girar un oficio a la Secretaría de Marina para ubicar al barco Caballo Marango, que estaba custodiado por la capitanía del puerto de Ciudad del Carmen, Campeche.

Como le dimos a conocer, el navío zarpó el 24 de junio pasado, a contrapelo de la orden del juez Felipe Consuelo Soto de que se le entregara el 4 de julio a la firma reclamante.

El barco pertenecía a la flota de Oceanografía, sobre cuyo síndico podría recaer la posibilidad de desacato.

En el reparto de culpas estaría también el capitán de puerto de la población de Campeche, Ildefonso Carrillo Mora.

En regla.

Encendidos los focos amarillos ante la caída en el precio de mercado del valor de sus papeles de deuda, Fibra Shop habla de facturas ajenas, como el incremento de las tasas de interés y la volatilidad cambiaria; la incertidumbre frente al futuro del TLCAN , además de una regulación asimétrica a este tipo de instrumentos, por ejemplo límites de apalancamiento y esquemas con requisitos más estrictos para invertir.

En paralelo, se justifica la baja bursatilidad por el tamaño de la Fibra y el que el capital esté concentrado en pocos inversionistas, algunos con papeles de largo plazo. Así las afore Sura y el fondo Dunversa.

Además, habla de una percepción de que en el país el consumo se está desacelerando.

La instancia mantiene sus planes de inversión y crecimiento, tras abrir en noviembre del año pasado Puerto Victoria, un complejo que incluye un centro comercial en Santiago de Querétaro.

Braskem-Idesa.

Firme el dedo en el renglón, la bancada priísta en la Comisión Permanente del Congreso está planteando un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República para acelerar la investigación en torno a una denuncia colocada a la mesa en relación al contrato otorgado por Petróleos Mexicanos al binomio Braskem-Idesa para explotar el complejo petroquímico Etileno XXI.

El contrato de la discordia garantiza el abasto del etano por 20 años a precio “preferente” y penalizaciones al calce por incumplimiento.

La querella involucra al ex presidente Felipe Calderón y al ex secretario de Energía, José Antonio Meade.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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