En las dos semanas previas al cierre del último periodo de sesiones ordinaras en el Congreso Federal, el oficialismo aceleró los procesos para aprobar tres reformas inconstitucionales y perniciosas, que violentan diversos derechos.
En el Senado de la República, Morena y sus aliados lograron imponer su mayoría para aprobar una modificación a la Ley de Amparo que limita esta importante figura del derecho mexicano como medio de defensa de la ciudadanía frente a la arbitrariedad del poder público. Asimismo, alteraron la Ley de Amnistía para avalar que el presidente indulte discrecionalmente a personas sentenciadas, sin importar la gravedad de los delitos que hayan cometido. Ambos cambios legales serán discutidos por los diputados federales en los siguientes días.
En la Cámara de Diputados el bloque mayoritario pretendía aprobar que el gobierno pueda disponer de los fondos de ahorro para el retiro de las cuentas inactivas, a fin de crear un fideicomiso que permita “complementar” las pensiones de los trabajadores. Las graves diferencias entre el dictamen aprobado en comisiones y el dictamen presentado ante el Pleno retrasaron su discusión hasta el próximo lunes.
La reforma a la Ley de Amparo limita las facultades de los juzgadores para dictar suspensiones provisionales mientras se resuelve el juicio, cuando consideren que es necesario para proteger el interés de la sociedad. Al mismo tiempo, prohíbe que emitan suspensiones de carácter general cuando resuelvan demandas contra normas de carácter general.
Dicha modificación está motivada en gran medida como una forma de venganza del oficialismo contra los jueces y magistrados que suspendieron la aplicación de la regresiva reforma eléctrica de 2021 o de obras de infraestructura sin manifestaciones de impacto ambiental. El costo lo pagarán los ciudadanos, pues se limitarán los medios jurídicos para que las personas defiendan sus derechos, lo cual es una regresión inconstitucional.
Por su parte, la reforma a la Ley de Amnistía está diseñada para que el titular del Ejecutivo pueda, por ejemplo, argumentar que resolvió el caso Ayotzinapa, con el cual el partido en el gobierno ha lucrado electoralmente durante una década. Se quiere que el presidente pueda indultar discrecionalmente a quienes “aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos relevantes para el Estado mexicano”, sin establecer ningún límite ni control a dicha facultad. Una violación a la Constitución que concentra más poder en el Ejecutivo.
Finalmente, la reforma al sistema de ahorro para el retiro tiene como propósito crear un “Fondo de Pensiones para el Bienestar” centralizando los recursos de las cuentas inactivas de los trabajadores mayores de 70 años. Se afirma que éstos podrán reclamar sus ahorros, pero no se establecen mecanismos claros para su devolución. Es, en los hechos, una apropiación indirecta, injusta e inconstitucional, que compromete la seguridad financiera de muchas personas y familias.
Durante casi seis años, las mayorías oficialistas han aprobado una serie de leyes y reformas cuyo resultado neto ha sido debilitar el régimen de libertades de las y los mexicanos y el Estado democrático de derecho. Queda claro que aprovecharán hasta el último minuto de la Legislatura para consolidar su legado de obediencia acrítica, destrucción institucional y violaciones sistemáticas a nuestra Ley Fundamental.
Muchos legisladores del oficialismo han demostrado que no entienden los alcances de lo que votan, quizás porque actúan por consigna. Cada atropello que el gobierno comete para resolver coyunturas puede tener un impacto negativo de largo plazo en la articulación política, institucional y social del país.
México es más que un movimiento político faccioso: es un proyecto nacional que nos atañe e incluye a todas y todos los ciudadanos. Por ello, hasta el último minuto, las oposiciones seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de defender los derechos de toda persona.
Senadora de la República