El próximo 25 de noviembre, en medio de la compleja atención de la pandemia declarada por el Covid-19, habremos de conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres; precisamente en uno de los años en los que se ha recrudecido esta terrible realidad que, lejos de erradicarse, persiste y crece en magnitud, en número de víctimas y —lamentablemente— en impunidad, lo que estridentemente nos cimbra e indigna como sociedad.

La elección de esta fecha nos evoca uno de los hechos de violencia contra las mujeres más penosos de la historia reciente: la emboscada y brutal asesinato de las hermanas y activistas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Miraval “Las Mariposas”, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1960.

Con este motivo, en el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981, surge la propuesta de realizar en este día una jornada contra la violencia hacia las mujeres y, en el año 2000, la Asamblea General de la ONU determinó conmemorar en esta fecha el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a organizaciones no gubernamentales, a coordinar actividades que elevaran la conciencia pública sobre este terrible mal que aqueja a todas las sociedades del orbe.

A esta jornada se suma la campaña internacional de “Los 16 Días de activismo contra la violencia de género” que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Son ya 41 años desde que se aprobó la Convención la sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 25 de que se adoptó la Plataforma de Acción de Beijing, que definía estrategias clave para poner fin a la violencia contra las mujeres, lograr su empoderamiento, y alcanzar la igualdad de género; 20 desde que se conmemora esta fecha como Día Internacional de la Lucha contra la violencia hacia las mujeres; y 16 de que se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”, éstos, entre otras declaraciones e instrumentos internacionales.

En 2007 se publicó en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que recientemente adicionó el Senado para reconocer nuevas modalidades: la violencia digital y la violencia mediática, y el Código Penal Federal tipifica los delitos de feminicidio, violación, abuso sexual, violencia familiar y otros.

Sin embargo, y pese a todos estos esfuerzos normativos y acciones implementadas, las cifras de la violencia en contra de las mujeres crecen de manera desmesurada: entre enero y septiembre de este año 704 feminicidios; 2150 mujeres víctimas de homicidio doloso; 43,108 de lesiones dolosas; 163,868 presuntos delitos de violencia familiar (Información del Secretariado Ejecutivo del SNSP). A escala mundial –afirma la ONU– una de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual o física en algún momento de su vida.

Llevamos tiempo repitiéndonos que “falta camino por recorrer”, a lo que ahora suma la muy inquietante preocupación de ONU-Mujeres “que, si no se adoptan medidas pronto, los avances logrados en el terreno de la igualdad de género en los últimos 25 años se perderán”.

La conmemoración de este año, en que a las víctimas del Covid-19 se suman las mujeres víctimas de violencia, debe ser un punto de inflexión para colocar como tema prioritario en la agenda de todas las autoridades e instituciones involucradas, en los tres niveles de gobierno, el eficaz combate a este flagelo y poner fin a la impunidad que lo alimenta.

Unámonos como sociedad, para que a ni una mariposa más le corten las alas.

Ministra de la SCJN

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