Usos y costumbres que hay que abolir

Valeria Moy

Las raíces del matrimonio infantil son complejas, pero es claro que están vinculadas con la pobreza

El censo más reciente de población y vivienda indica que hay en México 6 millones 440 mil 335 niñas de entre 12 y 17 años, aproximadamente 10% de todas las mujeres del país. Afortunadamente, una gran mayoría de las adolescentes se encuentra soltera, pero cerca de 4% de las mismas se encuentra viviendo con una pareja. Podríamos hablar de matrimonio infantil, pero en estricto sentido no es matrimonio; de las 245 mil 621 adolescentes que expresan en el censo vivir con una pareja únicamente 5 mil 875 dicen tener un vínculo legal o religioso. Cerca de 219 mil dicen vivir en unión libre. 

A pesar de que el Código Civil Federal establece que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido los 18 años y de que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señala que las leyes federales y de las entidades federativas deberán establecer como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, el matrimonio —con vínculo legal o sin él— infantil es una realidad. Es más frecuente en comunidades rurales e indígenas particularmente en los niveles socioeconómicos más bajos. De acuerdo con un estudio de la Unicef realizado en 2010 una niña de un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de contraer matrimonio que una niña que provenga de un hogar con mejores ingresos. 

No será sorpresa para nadie que el matrimonio infantil —o las uniones tempranas como también se les conoce— sea causa y consecuencia de embarazos en niñas muy jóvenes (con el riesgo a la salud que esto implica) y que esté relacionado con la violencia de género, la mortandad materna y el abandono escolar. Es una práctica vinculada con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Sucede en todo el país, pero se concentra en ciertos estados. Es en el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla y Michoacán donde más adolescentes están “casadas”. 

La organización Simetría, enfocada en analizar y diseñar políticas públicas con perspectiva de género, ha señalado que, en algunas comunidades indígenas, son los usos y costumbres los que sustentan estas prácticas que no son legitimadas ante ninguna autoridad, por lo que la estimación precisa de los datos es difícil. Son, en su mayoría, matrimonios “de palabra” donde el novio o su familia buscan al padre de la niña y acuerdan los términos sin que las adolescentes tengan ningún derecho siquiera a expresar su opinión. En estos acuerdos suele haber intercambio de favores, de recursos o pagos de “dote” por parte de la familia de la novia. 

Las raíces del matrimonio infantil son complejas, pero es claro que están vinculadas con la pobreza, la discriminación de género y algunos estereotipos culturales. Las adolescentes, en particular las más jóvenes, prácticamente niñas, no están equipadas emocionalmente para lidiar con las imposiciones de los padres y de los maridos. El machismo y la sumisión se perpetúan por no hablar de la plena violencia de género. 

No se debe argumentar a favor de estas prácticas utilizando los usos y costumbres como excusa. Estas prácticas están en contra de los derechos humanos y de la dignidad e integridad de las mujeres. Forzar a una adolescente a casarse no solo es violencia de género, es una forma actual de esclavitud. Son usos y costumbres que hay que abolir. 

@ValeriaMoy

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