El martes, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostenía su primera reunión bilateral con el Primer Ministro Canadiense, Justin Trudeau. Uno de los grandes anuncios hechos fue el compromiso signado por ambos países de lograr la meta de “cero emisiones netas” para 2050.

Bajo la promesa de redoblar los esfuerzos para abordar el cambio climático, ambos líderes se mostraron optimistas sobre esta nueva etapa en la relación entre los dos países.

Mientras eso sucedía en Washington y Ottawa, en México, la Cámara de Diputados aprobaba por una gran mayoría la Ley de Industria Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Una ley a todas luces anticonstitucional y que además es violatoria de tratados y compromisos internacionales signados por México, empezando por el TMEC y terminando con los Acuerdos de París.

De aprobarse esta Ley en el Senado así como está, provocará un daño muy grave al sector de energías renovables en México. Esta ley privilegia la quema de combustóleo altamente contaminante y limita la posibilidad de las empresas asentadas en México de optar por comprar energía limpia a privados (solar o eólica) para forzar la compra de energía sucia (y con mayores emisiones) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo anterior pone en riesgo tanto los compromisos de México de reducción de emisiones como los compromisos hechos por diversas compañías para bajar sus emisiones en sus procesos productivos. Un sector que se verá impactado será el automotriz, donde algunas de las grandes compañías, la mayoría de ellas con plantas en México, han prometido también reducciones de emisiones. Ejemplo de ello es General Motors que planea finalizar la producción de autos de gasolina para 2035 y producir únicamente vehículos eléctricos. Hace apenas un año Audi anunciaba que busca, para 2025, cubrir todo su requerimiento eléctrico con fuentes renovables hacia una producción libre de emisiones de CO2. Otro ejemplo es Volkswagen cuyos requerimientos de electricidad de sus plantas de Puebla y Silao son cubiertos en más del 70% por energía renovable. O Nissan que también el año pasado anunciaba que había logrado producir 1.6 millones de autos utilizando energías limpias.

En una entrevista posterior al encuentro, Justin Trudeau subrayó que junto con Estados Unidos estarán profundizando sus procesos de cooperación climática, incluyendo la transformación de sus leyes y la detección de aquellos países (especialmente competidores) que producen con estándares de emisión menores. Uno de los efectos que podría tener lo anterior sería la aplicación de penalizaciones a través de impuestos de carbono a importaciones provenientes de países con procesos productivos más contaminantes.

Vale la pena recordar que la industria automotriz contribuye con el 3% del PIB nacional, genera el 22% de los empleos del sector manufacturero y es la actividad productiva que genera más ingreso de divisas en el país. De concretarse la aprobación de la Ley de Industria Eléctrica, México estará poniendo en jaque la certeza de las inversiones, no únicamente de las empresas que generan energías limpias (eólica o solar particularmente) sino también de todas las empresas que, en aras de contribuir a disminuir emisiones, dependen de esa energía en sus procesos productivos.

La reforma eléctrica nos hará perder inversiones, empleos, comprometerá nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones de reducción de emisiones y pondrá en jaque la relación con nuestros vecinos que parecen tener más claro hacia donde debe transitar el mundo. Mientras en México, la oferta presidencial es quitarnos la energía que producen el sol y el aire y vendernos nubes negras de combustóleo quemado a precios carísimos

Twitter: @Solange_

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