/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/ZT3CG4LTIREMDAALQPOF74XV2I.jpg)
El director del penal me dejó en la puerta del reclusorio; no tenía permiso él para entrar. Quienes daban los permisos eran los propios internos.
Al entrar, dentro de una celda, había un bebé sentado comiendo pastel de chocolate y una Coca Cola; no le calculé más de 8 o 9 meses. El dormitorio y la celda especialmente tenían un olor impregnante de mariguana. Sentí como me mareé de entrar al pequeño espacio donde la mamá del menor hacía la limpieza.
—“¿Cuántos meses tiene tu bebé?” —pregunté con el fin de hacer conversación.
—“¡Tiene dos años!” —me contestó molesta.
El bebé no podía sentarse solito y necesitaba del apoyo de una almohada especial que lo contuviera. Claramente las drogas y la reclusión ya habían generado consecuencias severas en el desarrollo de este niño.
A los pocos meses de este suceso en el ya extinto penal del Topo Chico, en Nuevo León, surgió el motín más sangriento, hasta ese momento, de la historia de Latinoamérica. Duró más de 18 horas para poderlo contener y dentro había más de 72 menores que no pudieron ser evacuados a tiempo. Ellos y ellas atestiguaron la violencia de los decapitados, mutilados y asesinados en primera fila. La policía logró contener el motín aventando gas lacrimógeno, que lastimó la piel de los bebés.
En México tenemos más de 300 reclusorios operando. Más de 200 mil personas privadas de la libertad y calificaciones de gobernabilidad prácticamente reprobadas por la CNDH en más de 70% de los penales. Un estudio hecho por la organización Reinserta sobre maternidad y paternidad en reclusión (2019), determina que hay alrededor de 500 mil menores de edad que visitan o viven en las cárceles con sus papás y mamás.
La semana pasada, el secretario de Seguridad Publica, Rodrigo Martínez-Celis, del Estado de México, junto con la fundación Reinserta, inauguró el primer espacio a nivel nacional para niños y niñas que visitan a sus papás en reclusión. Dentro del penal de Chiconautla en Ecatepec, lo que una vez fue un basurero, hoy tiene el único espacio que protege a los menores de ser víctimas de la violencia de un reclusorio. Dicho espacio tiene áreas lúdicas para mejorar el vínculo afectivo paterno infantil y tiene una entrada y salida diferente a la general para que, en caso de una emergencia, podamos evacuar primero a los menores y salvaguardar su vida.
Un espacio así parecería una obviedad. Cuidar a los niños en situación de violencia debería ser una prioridad de cualquier gobierno. Gracias, Estado de México, por poner la primera piedra.
Esperemos que sirva como inspiración para que otros estados entiendan la importancia y no volvamos a tener niños y niñas en situaciones de riesgo por culpa del gobierno.
Presidenta de Reinserta