Nadie duda de la enorme cercanía y afecto que la Jefa de Gobierno de la CDMX tiene con Andrés Manuel López Obrador. La relación es tan estrecha, que muchos ven a Claudia Sheinbaum como la “hija política” del presidente, su favorita entre todas las mujeres de la 4T y sin duda su primera opción en estos momentos pensando en la futura sucesión presidencial. “Si hoy fueran las elecciones presidenciales, Claudia sería sin duda la candidata del presidente; si ella no pudiera por cualquier razón, sería Marcelo Ebrard y si el canciller no pudiera, sería Ricardo Monreal. En ese orden”, comentó a esta columna un integrante del gobierno para ilustrar de qué tamaño es la confianza y el aprecio que el mandatario le tiene a la gobernante capitalina, que a su vez le profesa una lealtad incondicional al jefe del Ejecutivo.

Pero como pasa en las familias, ser la niña consentida del jefe tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. En el manejo de la pandemia del Covid, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ha tenido su mejor oportunidad de definir su propio estilo de gobierno y desmarcarse de esa visión que la ubica como un apéndice del Palacio Nacional. Hasta ahora, con su decisión de confrontarse con el subsecretario Hugo López-Gatell y cuestionar su fallida estrategia, estableciendo sus propias medidas y parámetros para enfrentar la epidemia en la Ciudad de México, a la jefa le había ido muy bien. Los capitalinos comenzaron a ver y a reconocer su valor para tomar sus decisiones y cuestionar lo que no se estaba haciendo bien desde el gobierno federal. Las encuestas de aprobación incluso registraron un repunte de su popularidad en los últimos meses, gracias a que los habitantes de la capital valoraban su independencia en el manejo del Covid.

Pero el pasado mes de noviembre, justo cuando empezaba el Buen Fin, la jefa de Gobierno comenzó a detectar un incremento en los casos de contagio y un aumento también en las hospitalizaciones que, después de haberse mantenido estables por varias semanas, comenzaron a crecer y a generar una tendencia que generó alarma entre su grupo de asesores para el tema del Covid. Por esas fechas, justo en los días previos a que comenzara la promoción de ofertas en el comercio que se realiza cada año y que en este 2020 incluso se alargó a dos semanas para tratar de reactivar la economía y el consumo fuertemente golpeados por la crisis, Claudia Sheinbaum acudió a una de las reuniones del gabinete de Salud federal en las que se evalúa la evolución de la pandemia. En el encuentro, en Palacio Nacional, la jefa capitalina expuso que las tendencias de hospitalización, fallecimientos y contagios venían creciendo sostenidamente en la ciudad y que estaba preparando un plan para declarar el semáforo rojo, antes de llegar al 65% de hospitalizaciones, lo que incluía el cierre de actividades no esenciales de nueva cuenta en la CDMX.

Según testigos de los que estuvieron en esa reunión, cuando Sheinbaum terminó de exponer su plan de un nuevo cierre en la ciudad, el presidente López Obrador, que la había escuchado con el rostro muy serio, fue muy tajante y su respuesta fue un claro regaño para su pupila: “No podemos de ninguna manera pensar en un nuevo cierre en la ciudad, y menos cuando está comenzando el Buen Fin, eso tienes que descartarlo”, fue la respuesta contundente, palabras más o menos, del mandatario. Ante el tono empleado por el presidente, la doctora que lo conoce muy bien, apenas balbuceó sin defender mucho su propuesta, pues había quedado claro que el presidente no quería un nuevo cierre de actividades y que la lógica del inquilino de Palacio Nacional era dura pero muy clara: si se cierra la economía de nueva cuenta, la gente tal vez no muera de Covid, pero sí se muere de hambre.

Por eso fue que aquel fin de semana, cuando todos esperaban que decretara el semáforo rojo, luego de que ella misma había venido alertando de que las cifras de hospitalización e ingresos por Covid estaba creciendo de manera alarmante y había dicho aquello de que “estamos más cerca del rojo que del amarillo”, la jefa de Gobierno tuvo que dar marcha atrás al plan de emergencia que desde entonces le habían recomendado sus asesores técnicos y científicos. Y ahí comenzó el viacrucis y los malabares para Sheinbaum, que descubrió cada vez más matices y tonos del color naranja, de que pasó por “alerta”, “alerta máxima”, “alerta total”, hasta que de plano su discurso se volvió insostenible y, con una Ciudad de México ya totalmente enrojecida por la gravedad de la pandemia, prefirió desechar el semáforo epidemiológico para decir simplemente que estamos en “Alerta por Covid19”.

Qué tan difícil debió haber sido aguantar el regaño presidencial y tener que frenar y cancelar toda su estrategia y sus planes, que incluso la jefa de Gobierno tuvo que ser “rescatada” por el epidemiólogo al que tanto desprecia y se ha confrontado con él, cuando López-Gatell se aventó la espectacular maroma, triple mortal, de decir que “el color del semáforo es intrascendente, alerta por Covid19, emergencia por Covid 19, ¿hay alguna duda?”, dijo el subsecretario tratando de respaldar a quien ha sido una de sus más duras críticas dentro de la 4T. Ni hablar, ser la consentida tiene sus privilegios, pero también sus costos.

NOTAS INDISCRETAS…

El viejo dicho de la era priista, que rezaba “le hizo justicia la Revolución” cuando a alguien le iba bien con el régimen y agarraba un buen cargo público o incluso contratos jugosos del gobierno, se ha vuelto a poner en boga en el actual gobierno de López Obrador. A muchos viejos comunistas y luchadores de la izquierda histórica mexicana, que fueron feroces críticos de los vicios del viejo régimen como el amiguismo, el compadrazgo y el nepotismo, ahora “les ha hecho justicia la 4T”. Es el caso de la familia Gómez Concheiro, formada por el actual diputado federal de Morena y exmilitante del PSUM, Pablo Gómez, y por la nueva tesorera de la Federación, Elvira Concheiro Bórquez. En torno a esa pareja hay toda una red familiar que ocupa cargos públicos de buen nivel en la actual administración lopezobradorista con sueldos nada despreciables que van desde los 75 mil a los 124 mil pesos mensuales. Además de la gran influencia que ahora tiene Pablo Gómez en la bancada de Morena y del nombramiento que le acaba de ratificar el Senado a la socióloga Elvira Concheiro como tesorera del gobierno, a propuesta del presidente López Obrador, el hermano de doña Elvira, Juan Concheiro Bórquez, ocupa el puesto de director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, donde percibe un sueldo mensual de 124, 910 pesos, mientras que otro hermano de ambos, Luciano Concheiro Bórquez, es subsecretario de Educación Superior de la SEP, con un sueldo bruto mensual de 158, 270 pesos. Luciano, al igual que su hermana Elvira y su excuñado Pablo Gómez, también fue militante del Partido Comunista Mexicano de 1967 a 1981. Una prima de la nueva tesorera, María de los Ángeles Rosario Comesaña y Concheiro, ocupa el puesto de Directora de Análisis Económicos de la SCT, a donde ingresó el 26 de diciembre de 2018 y cobra un sueldo mensual de 75,969 pesos. María de los Ángeles ya había sido Directora de Promoción y Divulgación Cultural en la Secretaría de Cultura del DF entre 2002 y 2006 cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la ciudad. La familia continúa y Ángel Gómez Concheiro, hijo de Elvira Concheiro y Pablo Gómez, es actualmente Director General de Grandes Festivales Comunitarios en la Secretaría de Cultura de la CDMX, donde cobra 82 mil pesos mensuales e ingresó al cargo en enero de 2019. Luego viene Galia Borja Gómez, extesorera de la Federación y recién nombrada subgobernadora del Banco de México, a propuesta del presidente, es sobrina del diputado Pablo Gómez. Galia asumirá el cargo en enero de 2021 y durará 8 años en Banxico, antes fue subdirectora de Información y Procesamiento de Datos, directora de Concentración y Control de Fondos y asesora de la Secretaría de Finanzas, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del DF. Todos esos datos fueron verificados en los portales nominatransparente.rhnet.gob.mx, en la Plataforma Nacional de Transparencia (consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/ y fueron publicados en Twitter por el usuario Oscar @ALEPHBIO, de quien tomamos los datos. Como dijera el gran Pompín Iglesias “qué bonita familia”, repetido tres veces… La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar las medidas cautelares dictadas por el INE en contra del presidente López Obrador y sus expresiones y discursos de intromisión en el proceso electoral 2020-2021, por los comentarios que el mandatario hizo en Baja California los días 27 y 29 de noviembre y en su conferencia mañanera del 30 del mismo mes, cuestionando la alianza PRI-PAN y pidiéndole a la ciudadanía que reflexionara su voto y apoyara a su proyecto, causó sorpresa, molestia y preocupación entre los consejeros electorales. En un análisis interno del tema, se cuestiona que los magistrados electorales no sólo hayan revocado la medida, por considerar que las expresiones del presidente no ameritaban ser objeto de tutela preventiva, por tratarse de “actos futuros de realización incierta”, es decir que es un acto de censura previa, sino que además los juzgadores electorales hayan establecido, por primera vez en la historia, una medida de apremio en contra de los consejeros del INE que integran la Comisión de Quejas (Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama) por no ajustarse a los criterios establecidos por la Sala Superior. El hecho es interpretado como una decisión del Tribunal de darle “luz verde” no sólo al presidente sino a todos los funcionarios y servidores públicos, de cualquier nivel de gobierno, para que intervengan en la contienda electoral, cobijados por esa decisión del TEPJF. Lo más grave, es que con su fallo, los magistrados también atan de manos a la Comisión de Quejas y Denuncias del institto que ya no podrán emitir de manera preventiva llamados a quienes intervengan de manera reiterada en las elecciones. Si a eso se suma el otro revés al dictamen del INE que obligaba a los partidos políticos a postular al menos a 7 candidatas a gobernadora, de las 15 elecciones estatales que habrá el próximo año, para cumplir con el principio de paridad de género, que los magistrados electorales terminaron rechazando por considerar que “el INE quiere legislar sobre paridad de género y no tiene facultades para hacerlo”, es claro que la relación entre los dos máximos órganos electorales, el INE y el TEPJF se va a tensar y a complicar mucho en pleno proceso electoral histórico, y eso no es una buena noticia para nadie, tal vez sí lo sea para el presidente López Obrador y su eterna campaña y sus intenciones de influir en las elecciones de 2021 para que gane su partido Morena, pero definitivamente no son buenas noticias para la democracia ni para la competencia electoral equitativa…Los dados mandan Serpiente. Descendemos.

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