Las iniciativas de reformas constitucionales que MORENA ha decidido convertir en su bandera pseudo-electoral, para promocionarlas desde el propio gobierno, tienen un sinnúmero de aristas y carencias como políticas públicas, algo que ya muchos han analizado. No los aburriré con ese análisis ya emprendido por profesionales muy competentes.

Esas iniciativas son también un intento -poco original- de ejercicio del poder transexenal: el titular del Ejecutivo piensa definir en sus últimos días el futuro rígido que heredará a quien lo suceda en el cargo. Se busca que la influencia y visión personalísima de un gobernante vaya más allá de los plazos que marca la ley.

Sin embargo, una tercera perspectiva -que no se nos debe escapar- es que las reformas representan un mal trato para la ciudadanía. Un muy mal trato. La mayoría de las iniciativas que se impulsan son cien por ciento políticas. Estamos frente a un plan para redistribuir a modo el poder político en México y llenar los espacios clave de incondicionales, todo aprovechando una coyuntura de furiosa catarsis social.

Se busca concentrar el poder a favor de una mayoría electoral relativa y pasajera para intentar hacerse permanente e irreversible. Lo que ganaron en el 2018 por las buenas y dentro de la democracia plural, no piensan perderlo ni siquiera por las malas en el 2024, el 2030 o nunca. Ese es el juego real.

Estamos, para decirlo en términos de la ciencia política, frente a un asalto al poder desde el propio poder. Y lo que hace muy peligrosa a esa intentona, es que se le está poniendo un camuflaje social a un proyecto puramente político y de control de instituciones.

Una receta para hacerse de todos los hilos del poder se salpica con un esquema de pensiones inviable y bastante mezquino, se sazona con una entrega que ha probado ser infructuosa de fertilizantes y se cocina lentamente con la promesa de salarios magros para la burocracia y se nos quiere presentar como un platillo revolucionario, cuando en realidad es un guiso autoritario.

Si lo ponemos en blanco y negro, MORENA está pidiendo que se le entregue un control total de las instituciones y el manejo político del país por varias generaciones a cambio de dudosas pensiones, unas cuantas becas y magros subsidios. Quieren comprar el futuro de México a precio de remate. MORENA busca lo mismo que todos los regímenes presidenciales autoritarios, pero lo quiere -muy a su estilo- pagar más barato.

Lo que MORENA busca ganar a cambio de lo que promete dar, es una oferta muy flaca; quiere que se le entregue el reino por una dudosa pensión. Es hora de hacer esas cuentas ante la opinión pública, mostrar de manera concreta qué piden los que hoy están en el poder para perpetuarse en el mando y qué pocas cosas reales -y realizables- ofrecen a cambio. Porque si en junio los

mexicanos que efectivamente concurran a votar les entregan la posesión de la casa nacional por un precio bajísimo ya no habrá nada que hacer para rescindir ese contrato.

Por supuesto que hay que desmenuzar técnicamente lo que se propone, pero no nos limitemos a examinar la calidad del metal de las monedas que MORENA avienta. Levantemos la mirada y veamos todo de lo que están planeando apropiarse a cambio de esas 20 monedas, porque ahí está la sentencia de muerte del país como lo conocemos.

La libertad, la democracia y la pluralidad no se pueden vender. Si vendemos los pilares que sostienen la libertad política, en el sentido más amplio, a cambio de una pensión, probablemente acabaremos sin libertad y sin pensión, parafraseando a Benjamín Franklin.

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