Otro anillo al dedo equivocado

Ricardo Raphael

Aseguró la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que ni ella ni la dependencia que encabeza tienen que ver con la intentona de golpe de Estado que el Instituto Nacional de Normalización y Certificación quiso propinar a la autoridad electoral del país.

En un comunicado fechado el día de ayer, la Secretaría de Economía advirtió que no se responsabiliza por la actuación de ese Instituto que, sin tener facultades constitucionales para ello, quiere “establecer un sistema de gestión de la calidad … de la organización electoral.”

Si bien dicho Instituto se fundó como asociación civil, sus titulares responden a la línea demando de la Secretaría y por tanto, quien lo dirige debió haber consultado con la oficina de Graciela Márquez, antes de proponer esta barbaridad.

Advierte el refrán que los patos no deben tirarle a las escopetas y pues el Instituto Nacional de Normalización y Certificación no es quién para colocarse como alguacil de los procesos electorales.

Dice el proyecto propuesto de norma que los órganos electorales “necesitan demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, las cuales proporcionen resultados confiables, transparentes, libres y justos, que cumplan con los requisitos electorales” (PRUY-NMX-CC-S4001-IMNC-2019). Una consulta para analizar el proyecto fue publicada el 26 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

La norma comentada pretende, “aumentar la confianza de ciudadanos, candidatos, organizaciones políticas, y otras partes interesadas, por medio de la implementación eficaz de gestión de la calidad electoral …”

¿Qué tiene que hacer la política del gobierno federal, enfocada a la calidad en los productos y servicios, mezclándose con los asuntos electorales?

Esta frase del texto publicado en el Diario Oficial es para no olvidarse: “el término ‘producto’ aplica solamente al servicio electoral brindado por el organismo electoral.”

Es decir que, de acuerdo con el proyecto de norma, el Instituto Nacional Electoral (INE) ofrece ‘productos’ cuya calidad debe ser normada por una asociación civil dependiente de la Secretaría de Economía. ¿Así o más absurdo?

Cabe equivocarse y pensar que se trató de una torpeza menor de los titulares de ese Instituto dedicado a la normalización y certificación y también que, por un mero desorden burocrático, este asunto salió de la Secretaría de Economía sin que su titular se enterara.

Lo que francamente lleva a la sospecha es que, en el Diario Oficial de la Federación, órgano principal de comunicación del gobierno federal, esta bola de fuego haya también pasado sin ser vista.

El DOF depende de la Secretaría de Gobernación por una razón elemental: porque es un instrumento clave de gobierno y de la legalidad. En sus páginas no pueden publicarse leyes que no fueron votadas, acuerdos presidenciales que no hayan sido firmados, ni normas oficiales que nadie haya visto o revisado.

Explicarán los más benevolentes que, en estas épocas de pandemia, todas las autoridades andan cargadas de responsabilidad y por tanto desatentas de los asuntos menores. Si es así, ¿quién es el responsable de haber abierto un frente tan delicado en plena crisis sanitaria?

De no creerse que haya burócratas dispuestos a complicar la vida del país en un contexto, de suyo, ya muy complicado.

Pero en estas épocas, aunque resulte contraintuitivo, las imprudencias abundan. Se ha puesto de moda pelearse con todo el mundo: con los inversionistas que creyeron en México cuando invirtieron en energías renovables; con los medios, también de fuera y de dentro, con las comunidades científica y cultural, con los organismos cúpula del sector empresarial, con los gobernadores de oposición etcétera, etcétera.

Zoom:

Sólo el presidente Andrés Manuel López Obrador supo en su día lo que quiso decir con aquello de que esta crisis vino como anillo al dedo. Llegó el tiempo para que los demás entendamos la dimensión y el alcance de tan extraña frase. El anillo anda cada día más errático y equivocado.

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