Desde la antigüedad, la esclavitud ha sido una constante en el desarrollo de nuestras sociedades. Tanto en Europa como en América, esta forma de explotación fue parte del día a día hasta hace apenas dos siglos, cuando se le comenzó a proscribir en distintas regiones del mundo, como parte del movimiento abolicionista que acompañó al pensamiento liberal del independentismo.
En México, el antecedente de la prohibición de toda forma de esclavitud se remonta a 1810, con la publicación del decreto de abolición de la esclavitud emitido por Miguel Hidalgo, y reforzado en 1813, con el discurso que pronunciara José María Morelos en la apertura del Congreso de Anáhuac, titulado “Sentimientos de la Nación”.
En Estados Unidos, 50 años más tarde, en 1863, Abraham Lincoln emite la Proclamación de Emancipación, y hasta 1880 España abolió la esclavitud en el actual territorio de Cuba, que aún demoró 18 años más en conquistar su libertad.
En 1921, la Liga de las Naciones, antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó la Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. Desde entonces y hasta el siglo XXI, cada década se signaron instrumentos internacionales relativos a este delito. En el año 2000, la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que incluye el protocolo contra la trata de personas, que permite dar asistencia y protección a las víctimas.
La libertad es un derecho que ha debido ser conquistado incluso mediante el uso de la fuerza. El reconocimiento a la independencia de las naciones colonizadas y a la dignidad de todo ser humano fue un triunfo del pensamiento político del siglo XIX; sin embargo, hasta la fecha persisten formas de esclavitud moderna, que cotidianamente y de manera masiva y global vulneran los derechos de millones de personas en el mundo, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños, migrantes, integrantes de comunidades marginadas, personas en situación de calle o de desempleo, etcétera.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisamente por el riesgo que corren de ser víctimas de este crimen las personas que desesperadamente buscan empleo, se estima que la pandemia provocada por la Covid-19 exacerbará esta actividad ilícita en los países económicamente más golpeados.
Por ello, en el marco del Día Mundial contra la Trata, que se conmemora el 30 de julio de cada año, la ONU ha desplegado una campaña para hacer consciencia y visibilizar esta actividad y las acciones que se pueden tomar para prevenir su comisión: mantenerse alerta respecto a escenarios potencialmente peligrosos, como ofertas de empleo sospechosas; informarse e involucrarse en las acciones que se lleven a cabo en nuestras comunidades, para combatir y erradicar este delito; realizar donaciones al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, y mantener un consumo responsable de bienes y servicios que pudieran estar vinculados a la trata de personas.
Comprometida con la persecución judicial de la trata y los delitos conexos, y a fin de reducir el nivel de impunidad que impera en esta conducta típica, la actual legislatura del Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 19 constitucional, para establecer la obligación de las juezas y los jueces del país de ordenar la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas; asimismo, el Senado de la República aprobó por unanimidad la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el mes pasado ocho denuncias por este ilícito, que resultaron en el bloqueo de 1447 cuentas bancarias por un monto de 147 millones 793 mil pesos, y el desmantelamiento de empresas fachada, encargadas de atraer jóvenes extranjeras con fines de explotación sexual.
A pesar de que los datos de las Naciones Unidas estiman que en 2018 hubo aproximadamente 50 mil víctimas, y que 148 países denunciaron su existencia, se calcula que la cifra negra es de hasta un 99 por ciento, lo que significa que sólo uno de cada cien casos es denunciado. Cabe resaltar que el 50 por ciento de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38 por ciento, explotadas para realizar trabajos forzosos; además, este delito tiene una importante carga de género, pues la población femenina es la que más lo padece, ya que las mujeres representan el 46 por ciento, y las niñas el 19, de todas las víctimas.
Queda mucho por hacer, sobre todo en materia de prevención, denuncia, persecución y castigo a los responsables, así como para generar conciencia en torno al papel de la sociedad en su conjunto, para evitar que esta degradación de la dignidad humana persista en la actualidad y en el futuro. Ello nos permitirá cumplir con los objetivos en la materia de la agenda 2030 que comparte la comunidad internacional.
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