La Constitución Política del futuro

Porfirio Muñoz Ledo

México demanda un nuevo Contrato Social: que los ciudadanos funden sus obligaciones en la legitimidad

Nada hay, nada más arduo y conflictivo que fundar una nueva República, sobre todo si proviene de la izquierda. Los intereses económicos intentan incrustarse en las altas esferas del gobierno, al tiempo que pretenden condicionarlo y en su caso, desestabilizarlo. Los neófitos dirigentes suelen deslumbrarse con el poder y con los territorios burocráticos que conlleva. El Ejecutivo es unipersonal y le corresponde dirigir, equilibrar o renovar a los titulares de su administración. Lo mismo ocurría en el antiguo régimen y en todos los presidencialismos conocidos. Lo novedoso es que ahora las diferencias se dirimen en público, como si fuese un sistema parlamentario.

La libertad de prensa es sólo equiparable con la de Francisco I. Madero. Se suprimieron moches y sobornos para los comunicadores, y el gobierno no ha subordinado ni adquirido ningún medio. Las redes sociales son libérrimas y AMLO gusta de hablar en abundancia como en tiempos de oposición y de campaña. Por fortuna hoy se esmera en armonizar sus dichos con sus hechos. La pandemia no es el “anillo al dedo”, sino la horca para los más pobres. Ahonda la crisis económica y amenaza con dañar irreparablemente a una generación de mexicanos que todavía no son votantes. El reto principal de la 4T es entenderlo, aceptarlo y encararlo.

Descartar el “pensamiento único” —si lo hubiera— es un gran avance. Los principios de Morena reconocen el derecho a disentir dentro de un objetivo común. Conformamos un “espacio abierto, plural e incluyente” que nos induce a debatir y concertar —entre nosotros y con los demás— acciones para alcanzar el cambio verdadero. Somos herederos de la Corriente Democrática, que jóvenes memoriosos buscan restaurar en la actual coyuntura. Rompimos en dos el partido único e inauguramos el pluralismo —como lo había profetizado Octavio Paz—. Desnudamos la realidad opresiva y entreguista. Fuimos sociedad beligerante, inundamos calles y plazas, incendiamos la rebeldía ciudadana y enterramos para siempre al partido hegemónico.

Fieles a nuestro origen, ahora celebramos coloquios virtuales sobre los temas de la agenda nacional, sin marca ideológica. Pretendemos un pacto de Estado encabezado por el Gobierno Federal, en el que converjan el Congreso, autoridades locales, Cámaras Empresariales, Sindicatos, Academia y Sociedad Civil. En las actuales circunstancias las posiciones son conciliables. Como en la Segunda Guerra el llamado a la Unidad Nacional. No es un viraje a la derecha, como rezan los encabezados retrógradas. Menos aún ceguera o condescendencia contra los bandoleros públicos y privados. Aquellos que el caso Lozoya debe llevar al patíbulo, como requisito indispensable para proceder en serio a la regeneración del país.

México demanda un nuevo Contrato Social: que los ciudadanos funden sus obligaciones en la legitimidad de las autoridades públicas y exijan a cambio el ejercicio igualitario de sus derechos así como las condiciones materiales para ejercerlos. Prometimos al país una Nueva República sustentada en la cuarta Constitución del país. La de 1917 es la de 1857 reformada. La más antigua, prolija y modificada del mundo. Refleja capas geológicas de nuestra historia. Frutos marchitos de programas sexenales o de ambiciones estructurales. Sólo 32 artículos no han sido trastocados. De las seiscientas doce reformas el 73% corresponden al periodo neoliberal. Termitas tecnocráticas que socavaron la Carta Magna hasta sus raíces. La obsolescencia y lagunas normativas alimentan la simulación. Sólo un Congreso Constituyente podrá compendiar la voluntad general de los mexicanos y su compromiso con el futuro.

Diputado federal

 

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