¿Usted qué me trae? ¿Qué investigó en este tiempo? Con esas preguntas recibía la agente del Ministerio Público a la madre de una joven desaparecida. La mujer, además de la angustia por esa pérdida y el temor de que su hija estuviera muerta, tenía que encargarse de investigar.
Lamentablemente no es un caso aislado. Les pasa a muchos familiares de víctimas en este país. Lo que es un deber del Estado, en los hechos se traslada a quienes en medio de su dolor buscan justicia.
Amnistía Internacional
dio seguimiento a cuatro casos. Los resultados están en el documento llamado Juicio a la justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.
Esta organización encontró que hay una violencia institucional contra los familiares de las víctimas. La autoridad no solamente los trata mal, si no que les traslada la responsabilidad de la investigación. Eso les representa, de entrada, un costo económico. Por ejemplo, la señora Lidia, en su afán de que haya justicia para su hija Diana Velázquez, ha tenido que acudir una y otra vez desde Chimalhuacán hasta la agencia del MP y ha gastado más de 30 mil pesos solo en pasajes. Muchos familiares de víctimas incluso dejan de trabajar para dedicarse a buscar justicia.
Hay, además, un gran costo emocional. Los familiares de víctimas que deciden hacer ellos mismos las diligencias, suelen recibir amenazas por parte de los delincuentes. Hay ocasiones en que son amenazados por las propias autoridades porque dejan en evidencia su incapacidad o incluso su complicidad con los agresores. Un claro ejemplo de revictimización.
Hablé al respecto con Edith Olivares , directora de Amnistía Internacional México. “Hay que decirlo, somos un país de víctimas. Y las victimas deben enfrentar el dolor de haber perdido a un familiar y y luego prácticamente enfrentar a la autoridad. Se convierten en el principal motor de la investigación y asumen los costos en gasto y tiempos para procurar justicia”.
Las investigaciones son deficientes porque las autoridades pierden evidencia, no hacen pruebas periciales, no abren todas las líneas de investigación o no les dan seguimiento. Por otro lado, hay agentes del Ministerio Público con hasta 8 mil carpetas de investigación. Con ese nivel de saturación es muy difícil que se haga un buen trabajo.
Para colmo, en los casos de feminicidio no se aplica correctamente la perspectiva de género. La misma Edith Olivares lamentó que “cuando se investiga el asesinato de una mujer deben aplicarse pruebas para acreditar, por ejemplo, la violencia sexual. Eso no ocurre. Ya se tipificó el delito de feminicidio, ya existen fiscalías especializadas, protocolos y todo un aparato que no se está utilizando”.
Por todo esto, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña “Hasta ser escuchadas”, en la que invita a ser solidarios con los familiares de víctimas de feminicidio hasta que el Estado se encargue de procurar justicia. El informe mencionado puede encontrarse en www.amnistía.org.mx Ahí mismo puede firmarse la petición para acompañar la exigencia de justicia de madres e hijas que hoy enfrentan esta desoladora realidad. Es lo mínimo que podemos hacer por ellas. La otra es, como sociedad, también dejarlas solas.