A todos los mexicanos.
"Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, fue una de las frases que acuñó Porfirio Díaz hace décadas cuando se refirió a esta relación binacional. Después, Alan Riding, en su ensayo “Vecinos Distantes”, también definió en esta frase nuestra compleja relación con el vecino del norte.
Ya en tiempo reciente, al paso de varias administraciones de ambos lados de la frontera norte, sin juzgar a quienes antecedieron los mandatos de los presidentes Donald Trump y de López Obrador, se cierne una relación entre México y Estados Unidos que va más allá del avance del T-MEC en lo comercial; se trata de un acuerdo que por muchos años fue algo que ambas administraciones no quisieron ver o no supieron resolver: el tráfico ilegal de armas que ingresan a México procedentes de Estados Unidos.
Sin descuido del tema del paso de migrantes centroamericanos por México que van en buscan del “sueño americano”, los presidentes mexicanos y estadounidense han puesto sobre la mesa su voluntad de no sólo preocuparse, sino ocuparse, del trasiego ilícito de armas que son usadas por el crimen y la delincuencia organizada.
En tan sólo unos meses, el Procurador estadounidense William Barr, el embajador Christopher Landau y el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, así como el canciller Marcelo Ebrard, se han reunido en al menos dos ocasiones para analizar este complejo tema de interés binacional.
Fue a partir de caso LeBarón, en Bavispe, Sonora, y del anuncio del presidente Trump de considerar a miembros de carteles de la droga como terroristas, que se retomó este asunto y que nos hizo voltear la mirada hacia esta incesante amenaza para la seguridad nacional que reditúa en millones de dólares en ganancias de procedencia ilícita, a quienes bajo el amparo de una falta de entendimiento entre dos países prosperó de manera galopante.
Más allá del discurso político en el tema por parte de los presidentes de ambos gobiernos y como resultado de una cooperación entre México y Estados Unidos, hoy se sabe que además del compromiso de congelar el tráfico de armas ya hay un acuerdo para la utilización de tecnología intrusiva y no intrusiva en 58 puntos fronterizos para impedir el acceso de armas a nuestro país.
De común acuerdo, representantes de ambos gobiernos determinaron reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, entendiendo al crimen organizado como entes económicos cuyas finanzas deben ser atacadas y entender al tráfico y adicción al fentanilo como un problema común.
Si bien datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentan que 2019 fue el más violento de los años recientes, al registrarse un total de 34 mil 582 homicidios, el índice más alto, y que Guanajuato es la entidad menos segura, hay otro dato aún más preocupante: en 10 años ingresaron de manera ilegal más de dos millones de armas a México de las que sólo se han recuperado 332 mil 689.
Conforme a datos de la secretaría de la Defensa Nacional, del total de armas aseguradas, diez entidades representan el 71% del total nacional: Tamaulipas, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua. El 70 por ciento del armamento ilegal llega de Estados Unidos, mientras que apenas un 30 por ciento provienen de España, Italia, Austria y otros países.
Se sabe también que las armas largas más comunes en nuestro país son la ametralladora Browning M2, cal .50; el Fusil Barrett, cal .50 y los fusiles AR-15 y AK-47. Las armas empleadas por el crimen organizado proceden, en siete de cada diez casos, de ese país.
Como se lee, estos datos son reveladores porque significan que cada una de estas armas de diversos calibres y procedencias quedan en manos de criminales que bajo el amparo de la impunidad siguen su incesante carrera delictiva en el narcotráfico, en el robo, la extorsión y en la comisión de un sinnúmero de delitos en los que también se ven envueltos niños, niñas y adolescentes como recién ocurrió en el caso del Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, cuando un menor ingresó con un par de armas al colegio, ejecutó a su maestra hirió a otros compañeros y se suicidó.
Ejemplos, sobran, en redes socio digitales son incontables los testimonios, fotos y videos en los que se ve a menores de edad siendo entrenados como sicarios y que son enrolados, sea a la fuerza, por voluntad o por necesidad, en los carteles de la droga.
Es así como escala de arriba hacia abajo, pero de manera transversal, el tráfico de armas. El trasiego de armamento es un delito, pero que deriva en decenas o miles más sin que antes se haya impuesto una auténtica voluntad política para terminar con este flagelo. Y es que la denominada operación Rápido y Furioso sólo redundó en que los mismos delincuentes tuvieron a su alcance más armamento.
Ciertamente, aún es incipiente el esfuerzo para combatir el tráfico ilegal de armas procedentes de Estados Unidos a México, pero si Trump y López Obrador mantienen su determinación de enfrentar conjuntamente esa problemática, la verdad es que este problema entrará en un nuevo paradigma de atención y resolución aunque también, hay que advertirlo, es difícil que desaparezca, que sea erradicado por completo.
Es deseable que los gobiernos de Estados Unidos y México trabajen en conjunto en la solución de problemas comunes, pero sobre todo, con respeto a su soberanía como ya lo hicieron en materia comercial al avanzar el T-MEC en ambos países. Una buena vecindad siempre nos hará más seguros y fraternos y otras frases y obras serán las que definan nuestra relación con Estados Unidos en un futuro no muy lejano.
Activista social y titular del Fondo Mixto de Promoción Turística la CDMX. @Lara Paola1
