A las mexicanas y mexicanos:
El pasado lunes concluyeron en la Cámara de Diputados los foros de parlamento abierto de la reforma eléctrica, en los que se escucharon y analizaron las diversas opiniones de especialistas, académicos, funcionarios públicos, actores políticos y sociales, empresarios, sociedad civil organizada y ciudadanía en general. Hasta donde tengo memoria, nunca en la historia del Poder Legislativo, se había realizado un ejercicio tan amplio de discusión de cara a la sociedad. En palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política durante la clausura, se llevaron a cabo 25 foros con más de 135 ponentes a través de 180 horas de trabajo. Un parlamento abierto que contrasta con las reformas llevadas a cabo en los gobiernos anteriores, cuyo signo distintivo fue la opacidad, la secrecía y los dobles discursos.
Su seguimiento puntual me permitió ponderar y reflexionar no sólo sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal, sino de también, sobre las diferentes visiones y argumentos que fueron esgrimidos por las y los participantes. Al respecto, tengo una serie de conclusiones que comparto en este espacio, con la intención de abonar al debate nacional, precisando algunos aspectos que me parecen fundamentales.
En primer lugar, hay que decir que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es plenamente congruente con el proyecto de Nación que mayoritariamente eligieron las y los mexicanos; es coincidente con el Plan Nacional de Desarrollo y con la política económica y social que impulsa desde el primer día este gobierno.
Por lo que respecta a la participación de las empresas privadas en el sistema eléctrico nacional, debemos tener presente que, de acuerdo con la experiencia internacional en países como Chile, España, Bélgica, Alemania, entre otros, lo conveniente para nuestra Nación es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado y acotar la participación privada. Es decir, resulta evidente que no debemos depender de la fluctuación de los mercados económicos y tampoco del interés de las trasnacionales, no por un capricho, sino porque lo que está en juego es la soberanía eléctrica de México y el bienestar de las y los mexicanos, toda vez que el acceso a la electricidad es un derecho humano, y como tal debe ser garantizado por el Estado.
Es verdad que la tendencia en el mundo es hacia la privatización, sin embargo, esta tendencia ha sido un fracaso, tal y como ha quedado evidenciado en Europa. La industria eléctrica no puede estar en manos de los oligopolios y lejos de la regulación del Estado porque el resultado es altos costos en las tarifas eléctricas para la población y grandes ganancias para las empresas que se han ido apoderando del mercado eléctrico de diversas naciones.
En nuestro país la reforma de 2013 de Peña Nieto fracturó las economías de escala, lo que ha significado una maximización de las utilidades, un aumento en las tarifas y un perjuicio para la población. Por ello, la reforma eléctrica que hoy se propone, apunta a la estabilidad de los precios a largo plazo a través de la CFE y bajo la regulación del Estado para poder garantizar la seguridad energética, tanto para que el pueblo pueda acceder a la electricidad sin interrupciones y a precios justos, como para que los diferentes sectores productivos puedan realizar sus actividades, desarrollarse e impulsar la economía y el desarrollo nacional. En otras palabras, es imperante devolverle el carácter social a la industria eléctrica nacional y no dejarla al servicio de los grandes capitales trasnacionales.
En segundo lugar, como lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la reforma enviada al Congreso por el presidente es un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la Nación soberanía energética, planeación en la transición a una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos, y garantiza la energía eléctrica y el internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.
La realidad es que como lo señala la Iniciativa, el sistema eléctrico ha crecido violando preceptos constitucionales y la “supuesta libre competencia” es sólo para beneficio de unas cuantas manos, a costa de la Comisión Federal de Electricidad, de sus usuarios y de los recursos públicos.
Finalmente, es fundamental señalar que la reforma del Ejecutivo no está en contra de la iniciativa privada, ya que propone una participación de hasta 46% para poder generar y suministrar energía eléctrica y 54% para el Estado a través de la CFE, lo cual es equilibrado, porque de lo que se trata es de que los hogares mexicanos paguen tarifas justas y accesibles, y de que no se subsidie con dinero público a través de contratos leoninos los negocios de las grandes empresas privadas.
Paola Félix Díaz, activista social.
