La evidencia científica indica que el cambio climático ya está agudizando procesos migratorios de urbanización y migración internacional en América Latina. Las ciudades deben prepararse para recibir números crecientes de migrantes climáticos y la COP27 en Egipto, en el mes de noviembre, resulta un escenario ideal y necesario para abordar los impactos de la migración climática.
El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) destaca que “existe [desde 2014] más evidencia de que los peligros climáticos asociados con eventos extremos y variabilidad actúan como impulsores directos de migración involuntaria y desplazamiento y como impulsores indirectos a través del deterioro de medios de vida sensibles al clima”. La migración derivada de los impactos del cambio climático no es, por lo tanto, un desafío de futuro, sino actual, y las cifras recientes de desplazamiento por desastres muestran la prevalencia de este fenómeno.
En América Latina, existen regiones particularmente sensibles a las migraciones climáticas, como son los países andinos, el noreste de Brasil, y el norte de Centroamérica. Estos movimientos son principalmente internos, desde las zonas rurales más expuestas a peligros climáticos. Las ciudades del continente recibirían una gran parte de estos migrantes. Según las proyecciones, los centros urbanos de Centroamérica y México podrían recibir para 2050 un estimado de 10.5 millones de migrantes climáticos en los escenarios más pesimistas. Alrededor de 80% de la población de América Latina ya vive en ciudades, pero la urbanización tenderá a proseguir en las décadas venideras.
Como indica la Agenda de Acción Mundial de Alcaldes sobre Clima y Migración, el desafío es promover procesos de resiliencia, inclusión y transformación urbanas para abordar los desafíos que implica el cambio climático en términos de movilidad. La migración climática puede sobrepasar las capacidades de absorción de las ciudades de América Latina, creando nuevas condiciones de vulnerabilidad y reproduciendo situaciones de pobreza, desigualdad e informalidad. Si la población migrante que llega no encuentra condiciones receptivas, puede instalarse en asentamientos inseguros y precarios, y trabajar en condiciones de informalidad y con falta de protección social.
El ordenamiento territorial y la resiliencia climática siguen siendo asignaturas pendientes en muchas ciudades de la región. Los vacíos de planeamiento urbano facilitan la edificación de construcciones en zonas expuestas a inundaciones y deslaves. La reubicación de poblaciones en zonas de riesgo avanza como una opción de gestión de riesgo de desastres, pero requiere recursos significativos y un abordaje consensuado con las comunidades implicadas. La inclusión de este tema en la agenda de “pérdidas y daños” de la COP27 puede representar una oportunidad para visibilizar la necesidad de ofrecer soluciones financieras para las poblaciones más afectadas por la crisis climática.
Las áreas urbanas de América Latina se encuentran expuestas a amenazas climáticas, desde inundaciones a eventos crecientes de escasez hídrica. Ciudades como Lima, Santiago de Chile o la Ciudad de México presentan episodios complejos de acceso a fuentes de agua con una sostenibilidad limitada hacia el futuro. En esta situación, la mejora de los servicios de gestión de agua resulta fundamental para asegurar la resiliencia de las ciudades ante los escenarios futuros de cambio climático y urbanización.
Afrontar los desplazamientos climáticos requiere tomar acciones para atender las necesidades de las personas migrantes donde se encuentran y, por lo tanto, apoyar a las ciudades en la gestión de estos movimientos. Reunida en Egipto en noviembre de este año, la COP27 ofrecerá una nueva oportunidad para avanzar en la agenda de la migración climática poniendo a las comunidades vulnerables en el centro de las preocupaciones.