Las primeras planas de la prensa nacional nos despertaron este miércoles con el anticipo de que el gobierno de Estados Unidos (EU) solicitaría consultas de resolución de disputas con México en virtud de violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por políticas discriminatorias a favor de las empresas estatales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Efectivamente, la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés), como lo había anticipado Reuters, acusó formalmente por la mañana al gobierno mexicano de violar cuatro artículos del T-MEC, solicitando formalmente a la Secretaría de Economía el inicio de consultas, dejándose entrever que la imposición de aranceles sería la última medida a implementar si las negociaciones fracasan.

La USTR plantea cuatro puntos: 1) la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que da preferencia a plantas de la CFE; 2) las disposiciones que van en contra de la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de diversos permisos para empresas privadas en el sector energético mexicano que incluyen, entre otros, dar preferencia a Pemex en la venta minorista de gasolina; 3) el desacuerdo con la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 2019 para ampliar hasta el año 2025 el plazo para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diesel comercial (de 500 a 15 partes por millón); y 4) el rechazo al decreto de junio de 2022 por el cual la Secretaría de Energía (Sener) obliga a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y CFE, argumentado que tienen capacidad en exceso que éstas no aprovechan. No está de más señalar que la solicitud fue respaldada por Canadá.

Al parecer el último punto fue la gota que derramó el vaso. Sin embargo, era inminente que esta acción en contra de México se implementaría, puesto que se habían venido advirtiendo desde hace tiempo inconformidades. Cuando se aprobó la reforma a la LIE en marzo de 2021, expertos en derecho y comercio internacional alertaron que se violaban diversos tratados de libre comercio y que ello acarrearía litigios en contra de México. Se interpusieron una serie de amparos por empresas, acciones y controversias constitucionales por parte de la oposición del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el gobierno de Colima, a lo que el Ejecutivo reaccionó enviando una reforma constitucional el 30 de septiembre del año pasado.

La iniciativa constitucional no prosperó, puesto que no se logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (334 votos) en abril pasado, decisión por la que paradójicamente hace dos semanas Standard & Poor’s, en parte, le subió la perspectiva a México en su calificación soberana. Sin embargo, las acciones y controversias interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron aprobadas siete a cuatro, pero sin la mayoría necesaria (ocho), lo que abrió paso a una incertidumbre jurídica sobre la resolución de los amparos. Agotada la vía interna, a las empresas extranjeras sólo les quedó el recurso de las instancias internacionales.

El inicio de las consultas en el marco del T-MEC es un reflejo del fracaso de los esfuerzos diplomáticos de EU, vía su embajador Ken Salazar o su enviado especial sobre el cambio climático (John Kerry), que buscaron una negociación que modificará la postura del gobierno mexicano. También deja en entredicho, los supuestos compromisos de inversión en el sector energético anunciados en la pasada visita del presidente mexicano a Washington.

La administración de Biden, a diferencia de la de su predecesor, seguirá los canales institucionales y sin mezclar temas, como amenazar a México con aranceles si no frena la migración. Este litigio por razones económicas, tiene el respaldo bipartidista. No olvidemos que Katherine Tai, representante comercial de la USTR, ha comparecido ante diversas comisiones del Congreso exponiendo las quejas recibidas de parte de empresas norteamericanas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al anuncio de la solicitud de manera desdeñosa señalando que “no va a pasar nada” y que el T-MEC no puede afectar nuestra soberanía. Efectivamente, de manera inmediata no va a suceder algo, pero las implicaciones potenciales del asunto son preocupantes. Dentro del gobierno no acaban de entender que mientras el TLCAN reservó el tema energético, el T-MEC no, por lo que ni echando atrás la reforma energética de 2013, México no se podrá librar de los compromisos firmados en los acuerdos internacionales, no solo los comerciales, sino también el Acuerdos de París (2015) o de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). El presidente en la mañanera de ayer reiteró que no se está violando el tratado.

La administración Biden ha insistido en que le interesa la integración regional como una forma de promover la competitividad económica frente a otros países (China). Su interés en la política energética pasa por mantener costos bajos de los insumos y en ese sentido va orientada, en parte, la política energética. La otra tiene que ver con el cambio climático y con desestimular el uso de políticas que priorizan energías fósiles. En este sentido, México ha apostado a que el uso de los vehículos de combustión interna va a tardar mucho tiempo en cancelarse, por lo que una gran inversión como la de Dos Bocas tiene sentido buscando reducir la importación de gasolina.

Por otra parte, ante las críticas de que Biden no ha presionado lo suficiente a México, recordemos el artículo de NYT antes de la gira del presidente López Obrador, hay un fuerte consenso sobre el T-MEC y el presidente de EU no va a desaprovechar la oportunidad para mandar un mensaje contundente al gobierno mexicano sin estridencias y fiel a su estilo.

Las consultas van a comenzar a más tardar en 30 días. Lo más probable es que se termine en un panel de controversias sin que el gobierno modifique su postura, por lo que el escenario que se va perfilando es que se terminen pagando aranceles compensatorios, arropado en un discurso nacionalista. México importa una gran cantidad de gasolina y gas de EU, lamentablemente somos muy vulnerables. Ojalá me equivoque.

ADENDA

1) La fuerte sequía que está padeciendo el mundo y el centro norte del país puede echar por tierra el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) al encarecer el precio de los productos agropecuarios.

2) El ataque especulativo que ha padecido el peso chileno, tiene un fuerte componente interno, que es el temor a la nueva Constitución de parte de los inversionistas, a pesar de que los sondeos se han movido en contra de su aprobación.

3). En tres artículos publicados por el FMI se advierte que el bloqueo ruso de gas a Europa, en caso de ser permanente, podría reducir el PIB significativamente de varios países. No extraña la depreciación del euro frente al dólar ante las perspectivas económicas negativas.

4) Los amparos en contra del Tren Maya se promovieron porque las obras comenzaron sin los manifiestos de impacto ambiental (MIA), por eso los jueces les dieron la razón a los quejosos. Si el proyecto se clasifica como de Seguridad Nacional, no lo exime de cumplir con las obligaciones de ley: ¿“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”?

Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx

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