Desde que comenzó la pandemia ocasionada por el COVID-19, algunas entidades federativas ignoraron la exigencia de Antonio Guterres (Secretario General de las Organización de las Naciones Unidas) a que los gobiernos prevengan y atiendan los casos de violencia contra la mujer y que estos sean contemplados en los planes nacionales de respuesta contra el COVID-19, plan que en México no se desarrolló.
Durante marzo y abril se advirtió que la violencia contra la mujer iba en aumento, en especial la violencia familiar. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al mes de octubre en México, se reportó que octubre ha sido el mes con más carpetas de investigación abiertas por el delito de violencia familiar (20,590 carpetas de investigación / 144.3 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes).
En el periodo de enero a octubre del 2020, las entidades que presentaron un aumento en la tasa por cada 100 mil habitantes son Colima (466.5) , Nuevo León (270.4) y Baja California Sur (263.8). Lo que lleva a preguntarse ¿Qué están haciendo estas entidades para disminuir la violencia familiar?
Tomemos como ejemplo Nuevo León, donde reportan tener una “Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia” (RMPV). Y que tiene como fin impulsar las políticas públicas para prevenir este hecho delictivo. Dicha red puso a disposición de la comunidad recomendaciones y contactos de refugios, centros de ayuda y acompañamiento para las mujeres que están en peligro de ser víctimas de violencia en el área metropolitana y el estado de Nuevo León.
Las recomendaciones que hace la RMPV, están enfocadas a llamar al 911, donde hacen hincapié a que esto es gratuito y no es necesario contar con saldo en tu teléfono celular. Sin embargo, si una mujer es violentada en su propia casa y pasa la mayor parte del tiempo con su agresor, rara vez se atreverá a levantar una denuncia o llamar al 911. En algunas ocasiones las pocas víctimas tienen el valor de hacer una llamada debido a que ya se encuentran rebasadas por la situación que viven.
De acuerdo al SESNSP en su informe incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, de enero a octubre en los números de emergencias, 911 se han registrado 586,834 llamadas, cifra 2.8% menor que del año pasado.
El 2020 pinta para ser el peor año en materia de violencia familiar. Estamos a solo a menos de 25 697 carpetas de investigación para que el 2020 sea el peor año. A pesar de esto, el gobierno argumenta que las estadísticas de incidencia delictiva aumentan porque las personas tenemos más confianza en las instituciones, pero esto no es del todo cierto.
De acuerdo con la ENVIPE 2019, el grado de confianza que le tiene a la policía preventiva municipal, es del 52.8% y, al Ministerios Público y Procuradurías estatales es de 54.8%. Con estos porcentajes de confianza, es absurdo pensar que las denuncias incrementan porque estamos confiando más. Está justificación que nos da el gobierno es como el refrán “quieren tapar el sol con un dedo”.
La tarea que deben hacer el gobierno y la sociedad civil es trabajar de manera conjunta, dejar de decirle a la sociedad civil que sus datos están mal, porque solo se resta credibilidad, dejar de atarse y mejor trabajar de manera conjunta en crear buenos protocolos para atender a las mujeres, basta ya de que México sea conocido como el país que más nos violenta.
Marey Silva Solano, Investigadora en el Observatorio Nacional Ciudadano
@maareysilva
